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SUSCRIBITELa Fiscalía Federal de Catamarca presentó ayer un escrito ante al Juzgado Federal solicitando que la Justicia de la Provincia de Córdoba decline competencia en la investigación del delito de "estafa" en la causa Adhemar Capital SRL, que recientemente fue elevada a juicio por la fiscal cordobesa Valeria Rissi.
El fiscal general Rafael Vehils Ruiz consideró que "la competencia es federal por materia, no por territorialidad", porque las decisiones que involucraban los negocios de las sucursales de la SRL, ubicadas en Tucumán y en Córdoba, "se resolvían en Catamarca, donde estaba la casa matriz. Por algo la Justicia de Córdoba hizo procedimientos interjurisdiccionales".
La controversia surgió recientemente al conocerse que Rissi pidió elevar a juicio la causa que tiene como principal imputado a Adhemar Bacchiani -fundador y CEO de la empresa-, por 50 hechos de "estafa".
"La Corte Suprema de Justicia había determinado que la Justicia Federal catamarqueña debía investigar las denuncias por estafas realizadas en Córdoba y Tucumán", remarcó.
Ahora será el juez federal Miguel Ángel Contreras quien deberá resolver.
En este contexto, Vehils Ruiz consideró que la pretensión de la fiscal de Córdoba de juzgar a Bacchiani "no es correcta porque se corre riesgo de violar la garantía constitucional del non bis in idem”, que asegura que ningún ciudadano puede ser juzgado o sancionado dos veces por la comisión de los mismos hechos.
Lo que se hizo fue "presentar al juez federal que nuevamente y en virtud de lo dicho por la Corte, por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y en resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso, le solicite al juez de Control de Garantías de Córdoba que decline competencia”, agregó.
La primera controversia con la Justicia de Córdoba ocurrió en abril de 2022 cuando Bacchiani fue detenido. Gendarmería, por orden del juez Contreras, allanó el domicilio de barrio Pueblo Nuevo de donde Bacchiani salió detenido. Minutos más tarde una comisión de la Policía de Córdoba ingresó a ese domicilio y secuestró teléfonos celulares. Las acusaciones cruzadas llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
