La crisis económica que vive la Argentina dificulta la implementación de políticas, proyectos y programas. Y es lógico que así suceda, porque la puesta en marcha de estas estrategias requiere, la mayoría de las veces, de un financiamiento que no siempre está disponible.
Pero hay iniciativas que necesitan más de voluntad política para ejecutarlas que de dinero para financiarlas. Es decir, las trabas a su puesta en marcha están sobre todo vinculadas a los intereses políticos o económicos –que por lo general van de la mano-. Algunas de ellas incluso tienen la forma de proyecto de ley, han sido presentadas en alguna de las cámaras del Congreso de la Nación y cuentan, a priori, con el consenso necesario como para prosperar. Por ejemplo, la Ley de Humedales, cuya aprobación prometió tanto el gobierno anterior de Cambiemos como el actual del Frente de Todos.
Este es el cuarto proyecto de protección de los humedales presentado en el Congreso en la última década. Los anteriores obtuvieron dos medias sanciones (en 2013 y 2016) y un dictamen unificado de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja (noviembre de 2020). Pero nunca obtuvieron la sanción completa.
El proyecto espera su tratamiento, que se demora. Garantiza la protección en todo el país de los humedales, que son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente y parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. “El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático”, explica la página leydehumedales.org., que se puso en línea para promover el tratamiento y la aprobación de la norma.
Para dimensionar la importancia de los humedales en la Argentina hay que señalar que ocupan el 21,5% del territorio nacional. La mayor parte se localiza en la región noreste, pero también en zonas áridas o semiáridas como las que son características del Noroeste hay humedales.
El proyecto propone la acción decida del estado para protegerlos, favoreciendo un uso ambientalmente respetuoso y restringiendo o prohibiendo los factores que los perturban.
Si bien la ley contempla la creación de un fondo especial para la protección de los humedales, la razón de su postergación indefinida de su tratamiento y aprobación es sobre todo por el lobby de algunos sectores productivos altamente concentrados que se han beneficiado con actividades que degradan peligrosamente el medio ambiente.
Es necesario destacar que “producción vs. protección del medio ambiente” es una falsa dicotomía. No hay posibilidad de encarar una estrategia de producción sustentable a largo plazo en un contexto de ecosistemas destruidos y agresión permanente al equilibrio que proporciona la naturaleza.