Según el diputado radical Alfredo Marchioli, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló respecto del litio que “los precios de las exportaciones de Argentina y Chile son significativamente inferiores a los precios de mercado reportados en cada año, observándose diferencias promedio de un 58% en Argentina y un 21% en Chile. Ello lleva a concluir que los precios de transferencia que fijan las empresas en sus ventas a partes relacionadas (empresas socias) juegan un rol importante en las utilidades y los impuestos que pagan en cada jurisdicción".
Se trata de un análisis sobre la renta económica, el régimen fiscal y la transparencia en la apropiación, uso y distribución de los ingresos fiscales provenientes del sector de la minería del litio en Argentina, Bolivia y Chile.
El legislador sospecha que la empresa Livent, que heredó el emprendimiento de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, de FMC, subfactura el litio que comercializa y elude de este modo el pago de tributos a la Provincia. Podrían ser millonadas. Pide que firma y Gobierno informen sobre la cantidad de concentración de sal del litio vendido a la planta de refinación ubicada en Salta y el precio de venta, para poder hacer comparaciones
Es información de importancia central para analizar los convenios que el Gobierno celebró con Liex y Galaxy, por los que ambas firmas pagarán el 3,5% de su facturación por todo concepto: regalías, aporte adicional y aporte adicional por Responsabilidad Social Empresaria.
Una subfacturación como la que Marchioli sugiere implicaría pérdidas millonarias para el fisco provincial y para los fideicomisos destinados a financiar obras de infraestructura, al reducirse drásticamente la base de cálculo de todos los gravámenes y contribuciones. La subfacturación se facilita porque el litio no es un “commoditie” con precio fijo.
Aportaría a la restauración de la fe en la actividad minera aclarar el asunto. También sería conveniente que la Fiscalía de Estado se involucre, pues lo que el diputado plantea como hipótesis constituiría ni más ni menos que una estafa a la Provincia, y hay que considerar que las actividades extractivas de Lithium en la Puna llevan más de dos décadas.
No es la primera vez que se plantea la posibilidad de subfacturaciones.
El diputado Luis Lobo Vergara ya la había señalado a principios de 2018, cuando la Legislatura debatió precisamente los cambios en las relaciones con FMC-Minera del Altiplano, antecesora de Livent, que había concertado el gobierno de Lucía Corpacci.
El legislador marcó en ese entonces inconsistencias entre los volúmenes de litio comercializados por la empresa que el Ministerio de Minería había informado en la Legislatura y los que se habían difundido en publicaciones especializadas.
La diferencia “significa para la provincia una subfacturación del orden de los 50 millones de dólares anuales”, consideró.
La apreciación se diluyó en la controversia política del momento y nunca fue aclarada con datos incontrastables. El problema emerge nuevamente ahora debido a que no hay certeza sobre la calidad de los mecanismos estatales para controlar lo que Livent dice facturar, duda que se extiende a lo que Liex y Galaxy facturarán.
En tal sentido, ya hubo una polémica por el aporte de 200 millones de pesos que el Tesoro provincial hizo el año pasado a un fideicomiso que debe financiar Livent para poder concluir dos obras de infraestructura. La empresa alegó que los perjuicios económicos devenidos de la pandemia le habían impedido depositar.
Sin embargo, la multinacional que integra había registrado ganancias por encima del 100 % en los años 2020 y lo que iba de 2021 por la venta de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada, consolidándose como la segunda productora más grande el mundo. Capaz nomás que la filial local vendió la materia prima a la matriz a menor precio del conveniente de puro gaucha.
