lunes 16 de mayo de 2022

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La denuncia se realizó en la justicia provincial

Exigen inmediato decomiso de los bienes de Edgar Bacchiani y sus cómplices

Lo hizo el abogado de un damnificado. Busca garantizar la restitución del dinero estafado y evitar que los acusados se insolventen. Son varias las denuncias en este fuero ordinario en forma fraudulenta.

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4 de mayo de 2022 - 01:30

Un acreedor denunció en el fuero provincial a “Adhemar Capital SRL”; sus propietarios, Edgar Bacchiani y Zaraive Celeste Garcés Rusa, y sus ejecutivos, José Blas y Franco Alexis Sarroca, por el delito de "estafa reiterada, coacción y asociación ilícita", al tiempo que requirió la inmediata intervención judicial de la firma y la inhibición y decomiso de los bienes de los acusados y los que hubieran transferido a terceros, para garantizar la reparación y evitar que se insolventen en forma fraudulenta.

La presentación, que entró el lunes en Fiscalía General, hace especial hincapié en la competencia de la Justicia provincial en el caso, ya que el dinero estafado son 76 mil dólares que el damnificado compró en el Banco Nación con recursos de origen lícito. En este sentido, consigna que para el caso particular no existe lavado de activos que justifique la intervención del fuero federal y señala los ejemplos de la Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba y la Fiscalía de Instrucción de Villa María, en la misma provincia, que accionaron respectivamente contra Bacchiani y Generación Zoe, de Leonardo Cositorto.

“La culminación de todo este proceso defraudatorio se encuentra con la insolvencia fraudulenta de todos los participantes de la asociación ilícita que durante el transcurso del año 2021 transfirieron sus bienes sin ninguna razón lógica y legal, con el solo fin de poner en resguardo las riquezas cosechadas ilícitamente. La comisión de este posible delito también deberá ser investigado por la fiscalía”, plantea la denuncia.

En este sentido, el acreedor de Bacchiani subraya lo extraño de que hasta el momento la Justicia Federal no haya dispuesto medidas cautelares tendientes a inmovilizar el patrimonio de los denunciados y sus allegados.

Medidas

“En una situación que llama poderosamente la atención, al día de la fecha no se dispusieron los allanamientos de los domicilios de los denunciados José Blas y Franco Alexis Sarroca. Y, en el caso del señor Edgar Adhemar Bacchiani, no se dispuso el allanamiento del domicilio de su pareja, Sofía Piña, quien se encuentra embarazada y convive con el mismo. En función del tiempo trascurrido y la importancia que reviste allanar los domicilios indicados para la investigación de la presente causa, solicito se disponga de manera urgente los mismos a los efectos de localizar y secuestrar dinero, títulos, valores, bienes de valor, toda documentación y libros contables, escrituras públicas, contratos, llaves de cajas de seguridad, todo dispositivo electrónico (celulares, tablets, notebooks, netbooks, computadoras, etc.) y todo otro bien o cosas mueble, de utilidad para la presente causa. Igual temperamento, deberá adoptar para toda caja de seguridad existente en los bancos de plaza u otro banco en el territorio nacional, que se encuentre a nombre de los denunciados y/o cónyuges y/o parejas”, solicita el denunciante.

La presentación menciona las reformas del Código Penal que se introdujeron para “excluir la posibilidad de que el autor del hecho obtenga un lucro como consecuencia del delito”. Entre ellas, “se incorporó la figura del decomiso sin condena (también llamado “decomiso anticipado”) respecto de los delitos contra el orden económico y financiero”.

En tal marco, el Ministerio Público Fiscal de la Nación diseñó “para todos los fiscales federales una guía de medidas cautelares para el recupero de activos”, que en el caso de la investigación federal de Catamarca no se aplicó.

Recupero de activos, la guía de medidas

"La Guía de Medidas Cautelares para el Recupero de Activos fue desarrollada por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes en el marco de su función orientada a desarrollar una política activa tendiente a identificar, localizar, cautelar y decomisar bienes y fondos ilícitos.

Uno de los principales objetivos del documento consiste en superar la concepción tradicional del decomiso como sanción penal al condenado –y, por consiguiente, sujeto al sistema de garantías que rige el juicio penal– para abordarlo como una herramienta orientada al recupero de activos, que persigue bienes en función de su origen ilícito, con una finalidad esencialmente preventiva, dado que procura evitar que las ganancias ilícitas se utilicen para financiar futuras actividades delictivas y de este modo reducir los mercados ilícitos vinculados al crimen organizado".

El trabajo se divide en distintos capítulos y se destacan tres puntos: (1) el dictado de resoluciones específicas en materia de investigación patrimonial y de inmovilización temprana de activos; (2) la difusión de herramientas prácticas de investigación patrimonial, tales como el “Manual de Investigación Patrimonial” del año 2011 y por último, (3) la creación de procuradurías especializadas en las áreas de mayor conflictividad y complejidad; (4) la creación de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes”.

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