La defensa de Mario Rodrigo Del Campo cruzó al fiscal Hugo Costilla tras la citación de los 478 testigos.
Tras conocerse que el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, ordenó convocar a prestar declaración a 478 testigos en la causa de la banda de los usurpadores, la defensa de Mario Rodrigo Del Campo salió al cruce del investigador. El abogado defensor de Del Campo, Pedro Vélez, lanzó críticas en contra de Costilla. En una entrevista que brindó a El Ancasti, Vélez se refirió a la convocatoria de los 478 testigos.
“(Estoy) sorprendido, fundamentalmente ante tamaña imbecilidad, ante el hecho de que este fiscal puede actuar con total impunidad, nadie le pone freno. Resulta sorprendente que, con todos los procesos de jury que tiene abierto, no esté suspendido y pueda dilapidar el dinero de los contribuyentes como él quiere para citar personas que no tienen relación con el proceso. Está citando a gente para hacer lo que se denomina en derecho 'operativo de pesca'. Es por las dudas, ver si estas personas pueden haber sido víctimas o no de algún tipo de ilícito. Es realmente insólito”, indicó.
Consultado sobre la postura que tomará la defensa con respecto a la citación de los 478 testigos, dijo: “Seguramente vamos a hacer alguna oposición. Esperemos que la Justicia no actúe corporativamente, que le ponga un freno a este desatino. No objetamos que se haga ningún tipo de prueba. Es más, hemos pedido pruebas que el fiscal nos coarta. Hay un proceso en el que hay que ponerle un freno. Me llama la atención que la Procuración no haga nada porque esto está tomando estado público. Es claro que el fiscal tiene una cuestión personal, que necesita tener esta causa como caballito de batalla en su defensa por su mal accionar en su labor judicial para salvarse del proceso de jury que tiene abierto. Me llama la atención que nadie tome cartas en el asunto. Esto es insólito. Que el Ministerio Público deje que se dilapide el dinero de los contribuyentes en un 'por las dudas' realmente resulta insólito. Espero que tomen cartas en el asunto”.
Por otra parte, señaló que en la causa “hay varios decretos que ameritan denuncias por ignorancia del derecho y por mal desempeño. Por ejemplo, él en algunos decretos menciona que las juezas serían cómplices, a su entender. Y sin embargo no las imputa. Las cita como testigo. (…) La insensatez que tiene el señor fiscal en esta causa realmente sorprende. Y sorprende que no se haga nada con su accionar, que no se revise esto, y que todo siga sus carriles normales”. Según lo que precisó el letrado, en el expediente ya declararon entre 150 y 200 testigos, aproximadamente.
La fiscal de Instrucción Nº 3, Valeria Reyes, solicitó la prórroga de la prisión preventiva para Mario Rodrigo Del Campo, Grisel Rocío Gordillo, Juan Pablo Collante, José Werfil Vega y Gastón Darío Agulles, los principales apuntados por la investigación. Reyes hizo este pedido al Juzgado de Control de Garantías en feria. La fiscal requirió que la prórroga de la prisión preventiva sea por el plazo máximo legal.
Tras lograr evadir dos de los procesos en su contra, Costilla se sentará ante el Tribunal de Enjuiciamiento en el marco de la denuncia por mal desempeño que le inició el empresario Cristian Guillou, vinculada a su accionar en la investigación conocida como la "Causa Wika", en la que se discutió la titularidad del boliche bailable. El juicio contra el fiscal comenzaría en septiembre.
El fiscal del jury, Augusto Barros, acusó a Costilla por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes por lo que consideró que fue una "persecución arbitraria" contra Guillou y un "trato funcional privilegiado" con el 'Trader God' Edgar Adhemar Bacchiani y su entorno, en el marco de la “Causa Wika”.
Barros ya presentó formalmente la acusación contra Costilla y anticipó que pedirá su destitución en el eventual juicio que debería empezar, según estimación de los plazos, a fines de septiembre. Le endilgó un mal desempeño de sus funciones y el incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, en el contexto de lo que consideró un "patrón de conducta funcional que se considera violatorio de los principios de legalidad y objetividad, una omisión deliberada de investigar delitos de trascendencia institucional", entre otros puntos, incluyendo su falta de colaboración con la Justicia Federal.
Barros puso especial foco en el "apartamiento reiterado de los principios éticos fundamentales que deben orientar el desempeño del Ministerio Público Fiscal" y no pasó por alto el hecho de que pesara sobre Costilla una denuncia formal ante la Secretaría de Sumarios del Poder Judicial por "presuntas vinculaciones extraprocesales con el financista Bacchiani, en razón del auspicio económico que su firma prestaba al equipo de fútbol amateur en el que Costilla participaba activamente".