Al ritmo del agravamiento de la crisis económica crece en todo el país el número de hombres, mujeres, niños y adolescentes en situación de calle. El paisaje céntrico de San Fernando del Valle de Catamarca presenta, tal vez como nunca antes, escenas de personas durmiendo en umbrales de casas o ingresos a edificios, galerías y negocios.
Pero es en las grandes ciudades donde estos casos se cuentan de a cientos y hasta de a miles. Un reciente relevamiento efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela que la cantidad de gente viviendo actualmente en la calle se incrementó en un 40% respecto de 2023. El censo del año pasado consigna que había 8.028 personas, por lo que la estimación es que ya superan las 11.000.
En este contexto, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido formal de comunicación ante el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, con el objetivo de que tome intervención en relación a las actuales acciones y políticas que el gobierno porteño está llevando a cabo para las personas en situación de calle.
Lo que el Ministerio Público cuestiona es la ausencia de políticas eficaces por parte del gobierno de la ciudad para prevenir y asistir a este sector extremadamente vulnerable de la población, pero también señala la existencia de medidas que lo estigmatizan y lo criminalizan. Esta estigmatización y criminalización se refiere básicamente a la recurrencia de la policía de la ciudad a figuras como “resistencia a la autoridad” y “daño” para detener a personas en situación de calle. Por ejemplo, se han notificado casos de arrestos de personas en esas condiciones por poseer un cuchillo entre sus pertenencias. En el contexto en el que viven tal posesión no prueba la posible comisión de un delito, sino la utilización de esa herramienta para comer o incluso para “cartonear”.
Datos estadísticos indican que el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires asistió durante el primer cuatrimestre de este año a 2.643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba en situación de calle. “La posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle”, dice el pedido del Ministerio Público ante las Naciones Unidas.
Y añade más adelante: “Debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”.
El Estado debe diseñar e implementar políticas preventivas y asistenciales para contener a este sector, tanto más intensivas cuanto más dura sea la situación social a partir de las políticas de ajuste fiscal que aplica el Gobierno nacional. Lo señalado también vale para Catamarca, en donde este tipo de escenas se vuelve parte del paisaje urbano.
