Causa Bacchiani - fraude en el registro de la propiedad inmueble
Emplazan al fiscal Barros Jorrat para que finalice su investigación en el ARCA
Uno de los sospechosos pidió ser absuelto. La fiscalía dio intervención a un Juzgado de Control, que lo intimó.
El juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Héctor Rodolfo Maidana, emplazó al titular de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, para que en un plazo de 45 días finalice la investigación de fraude en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria en beneficio de Edgar Adhemar Bacchiani, detenido con prisión preventiva por orden de la Justicia Federal por multimillonarias estafas con criptoactivos.
La medida fue emitida el 15 de octubre al resolver el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado Paulo Gustavo Ibáñez, quien fue exonerado de la Administración Pública, sospechado de haber ordenado a dos subalternas que no carguen en el sistema del Registro el cambio de titularidad de dos importantes inmuebles a nombre de Bacchiani.
Ibáñez se había desempeñado como jefe del Departamento Folio Real del Registro de la Propiedad, que forma parte de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA).
Está imputado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautor" por hechos ocurridos en enero de 2022 en ese Departamento. La denuncia que activó la investigación penal fue radicada en abril de 2022 por la entonces directora del ARCA.
En septiembre de este año el hombre presentó ante la fiscalía interviniente una solicitud de sobreseimiento total y definitivo, que Barros Jorrat rechazó aduciendo que "no es el momento procesal oportuno para expedirse acerca de cuestiones de fondo".
El fiscal remarcó además que la "causa se encuentra aún en plena instrucción", haciendo referencia a la ampliación de declaración indagatoria de Ibáñez y el pedido de documentación realizado por esa fiscalía en agosto último.
"Resulta prematura e inoportuna toda solicitud que inste a este agente fiscal a expedirse sobre aspectos materiales (...) antes de la etapa de clausura" de la investigación penal preparatoria, apuntó.
La resolución fiscal contó con el acompañamiento de la querella particular representada por la Fiscalía de Estado.
Por su parte, el juez Maidana rechazó la pretensión de Ibáñez y remarcó asimismo que el pedido de sobreseimiento realizado durante la investigación penal preparatoria (IPP), "será dictado por el juez de control de garantías a requerimiento del fiscal de instrucción o a instancias de la defensa (...) al oponerse a la elevación a juicio", de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal.
En cuanto a los tiempos procesales y por haber transcurrido 30 meses desde que se inició la investigación, el juez dispuso que Barros Jorrat "resuelva la situación procesal de los imputados de la presente causa en el término de 45 días".
La causa
Ibáñez cuenta con el patrocinio legal del abogado Sebastián Ibáñez. También están imputadas las empleadas del Registro Norma Bravo y Andrea Pacheco por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores".