La Corte de Justicia debe resolver aún qué sucederá con los demás imputados, varios de ellos empleados de juzgados comerciales.
A punto de cumplir dos meses de detención, los principales sospechosos de integrar una banda de estafadores y usurpadores con fuertes conexiones en juzgados comerciales, en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y otras dependencias públicas, tendrán audiencia de prisión preventiva el viernes 16 en el Juzgado de Control de Garantías N°2.
Se trata de Mario Rodrigo Del Campo, su pareja Rocío Grisel Gordillo, Gastón Darío Agulles, Juan Pablo Collantes y José Werfil Vega, quienes fueron arrestados entre el viernes 21 y sábado 22 de marzo por orden del fiscal Hugo Leandro Costilla, quien investiga de oficio y que corta la cadena de complicidades con la que contó la banda en el ámbito judicial en los jefes de despacho, sin acusar a los jueces a cargo de las dependencias salpicadas.
Los cinco fueron imputados por supuesta "asociación ilícita".
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, la audiencia sería presidida por Diego Santillan Iturres, a pesar de que una de las defensas había solicitado que la audiencia sea llevada a cabo ante el juez natural Marcelo Sago, a cargo del Juzgado de Control N°4. Por otra parte y de acuerdo a los plazos procesales, la próxima semana o antes del jueves 22 de mayo, se espera que la Sala de Sumario Administrativo de la Corte de Justicia resuelva la situación procesal de las más de 20 personas que también fueron imputadas por supuesta asociación ilícita y que no están detenidas.
Al menos siete de los sospechosos son empleados de juzgados comerciales que operaban como piezas claves de la red, que no podría haber perpetrado las estafas sin la participación de los jueces.
Si bien varios de los sospechosos fueron desplazados por 60 días de su lugar de empleo en el marco de la "sustanciación del sumario administrativo", la Corte deberá resolver si los reintegrará a sus lugares de trabajo, si los trasladará a otras dependencias, si ordenará medidas restrictivas de libertad u otras acciones.
El pedido de prisión preventiva fue realizado por el fiscal Costilla y la fiscal coadyuvante Valeria Reyes a mediados de abril.
Para los investigadores, Del Campo era el líder de la banda mientras que Vega, Agulles y Collantes oficiaban de prestanombres o testaferros y Rocío Gordillo, como abogada, agilizaba la ejecución de pagarés de procedencia ilegítima.
Costilla tenía en su poder desde noviembre de 2023 una denuncia penal que objetaba el desempeño de la jueza María Virginia Cano, titular del Juzgado Comercial de Primera Instancia y de Ejecución Nº2, en una maniobra fraudulenta que implicaba a Werfil Vega, la abogada Grisel Gordillo y Del Campo, tres de los miembros fundadores de la organización delictiva que viene siguiendo, según dice, desde 2021.
