Las cifras sobre morosidad conocidas en los últimos meses precisan los montos de las deudas de las familias, cuánto adeudan a los bancos, qué porcentaje de los créditos está en mora o cuánto creció el financiamiento con tarjetas o préstamos personales. Sin embargo, hay una parte de esa realidad que no aparece en ninguna estadística: la deuda informal, que es la que se contrae de palabra, sin contrato ni registro, con el prestamista del barrio, con el usurero que conoce las necesidades de una familia y sabe también cuánto puede cobrarle por ellas.
El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dijo recientemente que “en Catamarca es muy común que las familias con problemas económicos acudan al usurero del barrio”. Y agregó que el sueldo termina destinado al pago de intereses, hasta el punto de que algunas personas quedan atrapadas en una vorágine financiera y terminan “trabajando para ese usurero”.
Una familia puede no figurar como morosa ante un banco, una financiera o una tarjeta de crédito y, sin embargo, estar completamente asfixiada por una deuda contraída informalmente. Esa deuda no aparece en los informes de las entidades financieras. Pero existe, y puede ser mucho más peligrosa que la registrada.
El préstamo se convierte en una puerta de entrada a un circuito de sometimiento en el que los métodos de cobro pueden incluir amenazas, extorsiones y violencia. El préstamo se convierte en una puerta de entrada a un circuito de sometimiento en el que los métodos de cobro pueden incluir amenazas, extorsiones y violencia.
Cuando acceder al crédito formal resulta difícil por los requisitos, la falta de ingresos demostrables o los antecedentes crediticios, aparece el financiamiento informal como una salida inmediata. No importa entonces cuánto habrá que devolver. Importa conseguir el dinero hoy.
Hay algo particularmente perverso en esta situación. Mientras el Estado permite que en el circuito formal se cobren tasas que muchas veces resultan difíciles de afrontar, poco puede esperarse de su capacidad o voluntad para controlar el mercado clandestino. En el circuito informal, además, los intereses pueden alcanzar niveles directamente usurarios. Se habla de tasas que llegan al 100% mensual en algunos casos, en un contexto en el que la inflación ronda el 2% mensual. De modo que una necesidad económica de corto plazo puede transformarse en una deuda prácticamente impagable en cuestión de semanas.
Especialmente en las grandes ciudades parte de este negocio informal está vinculada con bandas delictivas y organizaciones narco. El préstamo se convierte entonces en una puerta de entrada a un circuito de sometimiento en el que los métodos de cobro pueden incluir amenazas, extorsiones y violencia..
El Estado no puede desentenderse de esa realidad. La respuesta debe contemplar ambos aspectos. Esto es, facilitar el acceso a financiamiento formal en condiciones razonables y combatir con firmeza la usura y las redes de prestamistas ilegales. Perseguir a los narcoprestamistas no es solamente una cuestión policial. También significa quitarles una de las herramientas mediante las cuales penetran en los sectores más vulnerables de la sociedad.
La deuda informal no figura en los balances. Pero pesa, a veces pesa mucho más que la que sí figura.
