Claudia Véliz tomó el megáfono. Está parada en la esquina de República y Sarmiento, en la plaza 25 de Mayo. Con una de sus manos sostiene una carpeta y se apresta a cortar el tránsito mientras es escoltada por un grupo de veinte personas que portan banderas y pasacalles.
Pide disculpas a los automovilistas y comienza con su emotivo discurso. Ese que repite desde hace más de doce años cuando su hijo Diego Pachao murió tras haber sido arrestado ilegalmente en la comisaría Séptima. Hace exactamente un año comenzaría el juicio oral contra los seis policías. La familia de Diego pensó que sería la luz al final del túnel, una forma de ponerle fin a más de una década de lucha. Pero eso no sucedió, la condena de los jueces de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación no dejó conforme a nadie. Dos policías fueron absueltos y cuatro de los condenados fueron declarados culpables por torturas, vejaciones e incumplimiento en los deberes de funcionario público. Para el Tribunal, Pachao no murió por los golpes sufridos en la comisaría.
El fallo fue cuestionado por el abogado de la familia Pachao, quien pedía prisión perpetua por torturas seguida de muerte para los seis policías: Ricardo Barrera, Gustavo Bulacios, Ricardo Varela, Jorge Montivero, Claudio Nieva y Ramón Quevedo. Para las defensas debían ser absueltos. La causa llegó hasta la Corte de Justicia y el 28 de marzo se realizó la audiencia de casación ante los siete ministros. La fecha de resolución todavía es una incógnita.
“Hace cinco meses que tienen el expediente. La semana pasada fui a ver cómo sigue la causa. Si ya habían resuelto y solamente dos de los jueces, Raúl Cipitelli y Fabiana Gómez, tenían en su despacho el expediente. Por lo tanto los jueces restantes, los “polisjueces” de la Corte de Justicia nada hicieron por ayudarnos, nada hicieron por responder a nuestro pedido”, dijo Claudia.
“Esto demuestra desde más de 11 años que la Justicia está a favor del asesino, del criminal, del violador, del narco. Pasa mayormente cuando se trata de causas de familias humildes como es la nuestra”, expresó la mujer, quien también realizó críticas al Poder Ejecutivo.
“Los dos gobiernos que van pasando a lo largo de estos 11 años y cuatro meses, conocieron toda la causa, estuvimos en sus despachos”, recordó.
La fecha escogida por la familia para la marcha no fue casual. Diego Pachao hubiera cumplido 32 años.
“Hoy cumpliría mi ángel Diego, si esta policía maldita asesina de Catamarca no se hubiese apoderado de su vida. ¿Por qué miércoles tenemos que seguir recorriendo calles y pidiendo justicia cuando hay gente pagada para realizar esto?”.
Claudia pretende que la Corte revierta el fallo y condene a los seis policías. Además, mencionó a los otros efectivos que fueron desvinculados de la causa, “porque los doce policías eran conocedores de la situación de mi hijo Diego. Eran conocedores de los golpes que recibió por parte de algunos de ellos”.
Mencionó a los casos de dos oficiales de apellido Vizcarra y Bayón, quienes fueron señalados en rueda de reconocimiento durante la etapa de investigación. “No fueron nunca imputados”, señaló Véliz.
Durante el juicio del año pasado, los fiscales Hugo Costilla y Daniela Barrionuevo habían solicitado en su alegato que se abra una investigación contra los uniformados, lo cual fue criticado por Víctor García, defensor del excomisario Quevedo, quien cuestionó que se hiciera diez años después ese pedido.
La marcha llegó hasta la Corte en donde Claudia y el grupo se detuvo para hacer oír el reclamo.
“Mi Diego nunca conoció la comisaría hasta que ese maldito domingo 11 de marzo del año 2012 Gustavo Bulacios, Ricardo Javier Varela y Pedro Moya se hicieron dueños de la vida de él, le quitaron la libertad para luego ensañarse en esa maldita comisaría. ¿Por qué lo hicieron, malditos, por qué lo hicieron? Diego nunca tuvo una causa, nunca le hizo daño a nadie, por el contrario, a quienes podía ayudar lo hacía”.
El 30 de septiembre del 2022 los jueces Silvio Martoccia, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada dieron a conocer el veredicto tras más de un mes de audiencias. Bulacios fue declarado culpable por los delitos de tortura y privación ilegítima de la libertad a la pena de 16 años. Barrera fue condenado por las torturas a 8 años de prisión. Ricardo Varela fue condenado a 4 años de prisión por ser declarado culpable del delito de "vejaciones agravadas". Los tres quedaron detenidos y fueron trasladados inmediatamente al penal de Miraflores.
Claudio Nieva finalmente fue encontrado culpable del delito de "vejaciones agravadas" y condenado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso. Jorge Montivero y Ramón Quevedo fueron absueltos.
La defensa de Varela presentó un control jurisdiccional ante la Corte de Justicia y en febrero el máximo tribunal, en un fallo dividido, ordenó liberar al policía hasta que el fallo quede firme.
La querella cuestionó la resolución y presentó una nulidad tras la liberación del policía.
La querella argumentó que no fueron notificados de la audiencia en el marco del control jurisdiccional presentado por la defensa. Por esta falta de notificación es que la parte querellante entiende que debe declararse la nulidad de todo lo actuado.
En otro punto sostiene que debe hacer lugar a la nulidad ya que la condena impuesta a Varela no es de cumplimiento condicional.
"El policía condenado deberá volver inmediatamente a su condición de privación de libertad bajo el régimen de prisión preventiva efectiva en el Servicio Penitenciario de Miraflores, hasta tanto se subsanen todos los defectos formales y materiales que lo llevaron a su libertad de modo indebido", precisó la querella.
En marzo, el abogado Galíndez pidió la inhibición de los jueces José Cáceres y María Fernanda Rosales. Del primero por "su pasado como juez en la época de la dictadura militar. A Rosales, la acusan de emitir "opinión anticipada".
Esta presentación motivó que Cáceres se inhibiera en la causa.
"Tanto en el escrito de recusación, como así también por los medios de comunicación le atribuían falsamente ser 'cómplice' y 'colaboracionista' del proceso de la dictadura, acusándolo prácticamente de torturador y manifiesta que iniciará acción legal en contra del representante de la querellante por esa caprichosa e infundada acusación", sostenía la resolución que lleva la firma de los ministros de la Corte de Justicia.
