En 2023 había 42 programas destinados a disminuir la brecha de la desigualdad. Varios ya no se ejecutaron este año y para 2025 se profundiza la falta de financiamiento.
Un informe del Centro de Economía Política de Argentina analiza el presupuesto 2025 del Gobierno nacional tomando como eje la perspectiva de género, es decir, centraliza en el presupuesto que tendrán programas destinados a reducir la brecha de la desigualdad. En 2023 había 43 programas destinados con ese objetivo, algunos fueron desapareciendo este año y otros pierden financiamiento para el próximo.
En Catamarca, los últimos datos publicados por el Gobierno en esta materia datan de los años 2020-2021.
La entidad aclara primero que para "identificar y monitorear el gasto destinado a la reducción de las brechas de género se etiqueta a aquellos programas que forman parte del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG)".
Explica luego que en la plataforma de Presupuesto Abierto existe un monitor específico donde se podía consultar la ejecución del presupuesto etiquetado como PPG. Sin embargo, hasta el momento no se ha actualizado con la información correspondiente a 2024. Esto obstaculiza el acceso a la información y dificulta el seguimiento del gasto público destinado a la reducción de las brechas de género y/o a la atención y protección de las víctimas de violencia de género.
Sin embargo, señala que en el año 2023 se etiquetaron 42 programas como PPG, por un total de 5.206 millones de pesos (esto es, un 12,9% del gasto total). Luego se analiza la evolución en la ejecución de los principales programas que habían sido etiquetados en 2023 clasificándolos según la brecha de género que contribuyen a reducir.
En primer lugar, menciona programas que contribuyen a reducir brechas de ingresos, por su magnitud, las moratorias previsionales ocupan el lugar más importante de esta categoría -en 2023 representaban el 52,3% del presupuesto etiquetado como PPG-. Además, se incluyen las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 o más Hijos, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal para Protección Social. En conjunto, estos programas representaban el 83,4% del gasto etiquetado como PPG en 2023. Por lo tanto, la evolución de éstos es lo más representativo del recorte efectuado en políticas con perspectiva de género.
En el caso de la moratoria previsional, la ley que la regula tiene vigencia hasta marzo de 2025 y, según confirmó el titular de ANSES, Mariano De Los Heros, “no es voluntad del gobierno su prórroga”.
Por lo tanto, si no se renueva o extiende su plazo, aquellos/as que no tengan los años de aportes necesarios para jubilarse solo tendrán acceso a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas de 65 años o más, que otorga el 80% de la jubilación mínima y no es pensionable en caso de fallecimiento.
A junio de 2024, solo el 9,5% de las mujeres en edad de jubilarse cuentan con 25 años o más de aportes. Es decir, en la práctica, significa que solo 9 de cada 10 mujeres podrán acceder a la PUAM, constituyéndose no sólo en una pérdida de ingresos (20% menos que la mínima) y derechos (carácter no pensionable), sino también en un aumento de la edad jubilatoria de facto (la PUAM está destinada a personas de 65 años o más en tanto la edad jubilatoria de las mujeres es a partir de los 60 años).
Todas las partidas sufrieron recortes, a excepción de la Asignación Universal para Protección Social que tuvo un incremento del 30,4%
Otra categoría se relaciona con los programas para la prevención de la violencia de género. "Las principales políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género muestran un enorme retroceso o se encuentran prácticamente desmanteladas".
Según los datos del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), el 95,7% de las personas atendidas en 2023 declaró no tener ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Allí radica, por ejemplo, la razón de ser del Programa Acompañar -que registró una caída del 86% en su ejecución en lo que va de 2024.
El derrumbe del Programa Acompañar se debe, por un lado, a la licuación de su valor de referencia, esto es, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que perdió 25,7% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Por otro lado, se redujo sustancialmente el número de altas al programa: según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2024 se redujeron en un 98,6% las altas otorgadas en relación con el mismo período de 2023. Mientras que entre enero y marzo de 2023, se había brindado la prestación a 34.229 mujeres y diversidades, en el mismo período de 2024 se otorgaron 471.
A su vez, en agosto de 2024, el programa fue modificado a través del Decreto 755/2024. Se redujeron de 6 a 3 los meses de cobro y se incluyó como nuevo requisito haber realizado la denuncia judicial o policial.
El informe analiza en extenso cada uno de los programas que este año se perdieron en la gestión libertaria. A grandes rasgos, se pueden observar en el proyecto de presupuesto 2025 tres tipos de situaciones respecto a las partidas presupuestarias identificadas en 2023 como programas con perspectiva de género:
• Solo 5 de los 20 programas seleccionados de PPG registran un crecimiento real en el crédito asignado para 2025 en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023; siendo 2 de ellos (AUH y 1.000 días).
• Mientras que 8 de los 20 programas seleccionados presentan una profundización del ajuste ya efectuado en 2024 -entre los cuales se encuentra la moratoria previsional-.
• 6 programas eliminados o sin partidas que especifiquen su presupuesto: es decir, "en el mejor de los casos se trata de un problema de transparencia, en el peor, el incumplimiento por parte del Estado del deber de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia. Se incluyen en este grupo, por ejemplo, la Ley Lucio, la Línea 144 y la ESI".
“En definitiva, la propuesta de Presupuesto para 2025 sostiene y profundiza las reducciones presupuestarias advertidas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género. De no sancionarse el Presupuesto 2025, escenario probable a la fecha, el Gobierno contará con mayor discrecionalidad en la asignación de las partidas de gasto, prorrogando el Presupuesto 2023”, concluye la investigación.
Los últimos datos vinculados al presupuesto con perspectiva de género corresponden a los años 2020-2021. En aquel momento $3.727 millones iban a destinarse a políticas de género. Representaba el 3,10% del presupuesto total.
Se habían presupuestado 40 proyectos vinculados a reducir la brecha de género. Muy pocos de ellos se ejecutaron hasta la actualidad.
En el cuarto trimestre de 2021, la brecha en la tasa de empleo era del 15,84%. Los hombres ocupados representaban el 58% y las mujeres eran el 42,6%, lo que significa que la desocupación alcanza más a las mujeres.
En el caso de la Ley Brisa, por ejemplo, durante el primer trimestre de 2024 se observa una caída del 90% en la cantidad de dictámenes favorables para el ingreso al Régimen de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA).
La Ley de Capacitación Obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres (Ley Micaela), aprobada en 2018 con 171 votos a favor, 1 en contra (Alfredo Olmedo) y 84 ausentes, tampoco registra ejecución en lo que va del año en tanto no se realizó ninguna capacitación ni actividades de formación vinculadas a la materia a nivel nacional.
