El PAMI atraviesa una crisis financiera y asistencial que afecta a sus más de 5 millones de afiliados en todo el país. La obra social enfrenta una acumulación de deudas con prestadores, un conflicto salarial con los médicos de cabecera que derivó en medidas de fuerza y un recorte en las prestaciones que se refleja en la suspensión de cirugías programadas y la saturación de los hospitales públicos.
El organismo acumula una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales de la salud. Ante esta situación, el Gobierno nacional dispuso una asistencia financiera por 580 mil millones de pesos, a ejecutarse en cuotas durante tres meses. El objetivo declarado es regularizar los pagos atrasados y garantizar la continuidad de las prestaciones. Sin embargo, los plazos de cancelación son desiguales según el sector: mientras los farmacéuticos lograron cobrar parcialmente, los prestadores ópticos no recibieron ningún pago desde octubre de 2025, y las clínicas del interior del país aguardan el cobro de servicios realizados hace 90 días.
Un nuevo esquema de remuneración, implementado por el PAMI en abril, incrementó el pago fijo por afiliado asignado pero eliminó los pagos variables por consultas presenciales y visitas domiciliarias. Esta modificación implica, según los profesionales, una reducción de sus ingresos superior al 50 por ciento. En respuesta, los médicos de cabecera convocaron a un paro nacional de 72 horas que afectó los turnos programados, manteniéndose únicamente la atención de urgencias.
Como resultado de esta situación, los afiliados del PAMI en todo el país enfrentan serias dificultades para acceder a prestaciones básicas. Se reportan suspensiones de cirugías programadas (especialmente prótesis de cadera y rodilla, y cirugías de cataratas) en varias provincias, así como la derivación de pacientes a los hospitales públicos ante la falta de turnos en la red privada. Esta derivación generó una saturación del sistema público de salud, particularmente en las provincias del interior y el conurbano bonaerense.
En Córdoba, más de 60 clínicas y centros de salud vieron comprometida su operación diaria por la falta de pagos, lo que afecta directamente a los 430 mil afiliados que la obra social tiene en esa provincia. En el norte del país, cerca de 200 mil afiliados corren el riesgo de quedarse sin médicos de cabecera en las próximas semanas si no se resuelve el conflicto arancelario.
El PAMI y el Ministerio de Salud negaron que la obra social esté desfinanciada y calificaron la asistencia del Tesoro como una operación administrativa habitual. Reconocieron, sin embargo, la existencia de demoras en los pagos y aseguraron que los fondos ya fueron transferidos para regularizar la situación. A pesar de estas declaraciones, los reclamos de los prestadores y los médicos continúan y las medidas de fuerza se mantienen vigentes en varias provincias. Por su parte, el director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.