Las redes sociales, que podrían servir para la democratización de la palabra, se han convertido lamentablemente en un verdadero campo de batalla digital donde predominan las agresiones de tipo personal y, sobre todo, donde circulan con fluidez los discursos de odio.
Un trágico hecho ocurrido en España corrobora la ligereza con la que se construye una realidad inexistente a partir de prejuicios acendrados y fomentados por las propias redes cómo se activan mecanismos condenatorios sin prueba alguna y se coordinan ataques.
Un niño fue asesinado en el municipio español de Mocejón, en Toledo. De inmediato empezó a circular la versión de que personas de origen africano serían las autoras del hecho. Fue apenas un rumor, sin verificación en la realidad. Pero la versión prendió rápida en redes sociales, el terreno predilecto de la ultraderecha (sucede en España como también ocurre en Argentina con el espacio libertario), y fue potenciada por los usuarios mayoritariamente identificados con el partido Vox, que recurren permanentemente a vincular al colectivo inmigrante, la mayoría de las veces sin evidencia alguna, con los delitos más aberrantes.
Pero luego se supo que el principal sospechoso del infanticidio era un ciudadano español, que incluso ya está detenido. La noticia provocó que muchos de los participantes de esa campaña de odio contra la inmigración africana borraran la catarata de mensajes y comentarios. Otros ni siquiera tuvieron ese comportamiento y dejaron sus mensajes publicados aunque no insistieron con la falsa versión. En el Reino Unido los discursos de odio provocaron hace algunos días disturbios callejeros en protestas contra la inmigración.
El caso español provocó que un fiscal anunciara la investigación de oficio por las campañas de odio. Pero en España, como en el resto del mundo, las investigaciones judiciales enfrentan dificultades para progresar a raíz de la protección que las plataformas hacen del anonimato de sus usuarios, que incluso pueden cerrar cuentas y abrir otra nueva instantes después, para seguir con sus ataques.
El anonimato se funda en un principio virtuoso como la libertad de expresión. Es decir, que quien emite una opinión no pueda ser perseguido por ella. Pero muchas veces en la práctica se utiliza para difamar e injuriar sin asumir responsabilidades penales.
Ante la escasez de legislación específica para perseguir delitos que se cometen en el mundo de la virtualidad, la Justicia acude a la legislación penal ordinaria para perseguir y castigar a quienes apelan a discursos de odio. Pero, como se dijo, las pesquisas judiciales encuentran la mayoría de las veces escollos insalvables.
A la par de la generación de nueva legislación específica, deberán los Estados incidir en las plataformas que administran las redes sociales para que colaboren en la lucha contra los discursos de odio, siendo más expeditivas en la inhabilitación de los usuarios que incurren en estos delitos y en el aporte de datos que permitan la identificación de las personas de carne y hueso que están detrás de los nombres ficticios para hacer circular esos mensajes que traspasan las fronteras de ese espacio virtual y se meten en la realidad, produciendo daños muchas veces irreparables.