En un contexto de fuerte agravamiento de la crisis económica, la contención de los sectores sociales de mayor vulnerabilidad no es un tema que los gobiernos –nacional, provinciales y municipales- deban subestimar.
jueves 2 de abril de 2026
Peligroso. Los barrios marginales se han convertido en un territorio donde acecha el crimen organizado.
En un contexto de fuerte agravamiento de la crisis económica, la contención de los sectores sociales de mayor vulnerabilidad no es un tema que los gobiernos –nacional, provinciales y municipales- deban subestimar.
En la última década el crecimiento de la pobreza ha sido progresivo y constante, con una aceleración notable del proceso en los últimos 8 meses. Según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2015 la pobreza afectaba al 29% de la población. En 2019 ya alcanzaba al 40% y a fines del año pasado al 44,7%. En el primer trimestre de este año, luego del salto devaluatorio de diciembre, la pobreza trepó al 55%, una cifra solo comparable con la crisis de la convertibilidad y su salida, en los años 2001-2002. En los primeros tres meses del año, además, la indigencia se duplicó. Y también aumentó notablemente el desempleo.
La grave situación social merece la máxima atención de las autoridades. No solamente porque hay millones de personas sufriendo condiciones de vida indignas, sino también porque una crisis de este envergadura tiene como efectos inevitables un debilitamiento del tejido social, originando resquicios por donde se cuela el delito organizado. Allí donde el Estado se retira, avanza el narcotráfico. Se trata de una situación que se corrobora a diario, y hay una frondosa historia forjada en cientos de ciudades a América Latina en las últimas décadas que funciona como evidencia certera de este flagelo.
Por ahora el gobierno nacional no ha mostrado sensibilidad para el abordaje del problema. Aferrado a un libreto ideológico dogmático, considera que es el mercado, actuando libremente, el que corrige las asimetrías. La realidad se encarga de demostrar la ineficacia de esta postura. De modo que ante la retirada estatal, cobran protagonismo como engranajes para la contención social, o al menos para instalar el debate público sobre la problemática, otros actores de la vida social. La Iglesia es uno de ellos.
La semana pasada se llevó a cabo en uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, La Matanza, una actividad organizada por la Pastoral Judicial. Participaron jueces, dirigentes sociales y autoridades eclesiásticas. Además de manifestar la preocupación por el incremento de la pobreza, dejaron en claro que uno de los desafíos más urgentes a resolver es frenar el avance del narcotráfico en los barrios pobres de cada una de las ciudades de la Argentina.
Una de las conclusiones del encuentro es que las bandas narcos se insertan en las comunidades para desplegar su negocio criminal pero también, en esa dinámica, se convierten en proveedoras de trabajo, comida y servicios al interior de esos sectores marginales. Asumen roles que el Estado está abandonando. La multiplicación de los “soldaditos”, niños y adolescentes reclutados por esas bandas, es un fenómeno muy preocupante.
La alarmante situación de niños, niñas y adolescentes es tema central en estos debates, que en la actividad se vinculó con el proyecto oficialista de bajar la edad de imputabilidad. Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, señaló en la oportunidad: “Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero. Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.
Incluso Julio Conte Grand, procurador General de la provincia de Buenos Aires, hombre ligado al macrismo, se refirió al tema: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan”. En el mismo sentido se pronunciaron otros funcionarios judiciales y el obispo Oscar Ojea, titular de la diócesis de San Isidro.
Los chicos, que son víctimas y no victimarios, necesitan del compromiso estatal para escapar de la miseria y de las garras del crimen organizado. Mientras tanto, el narco se afianza en los barrios.