Desde hace 6 meses, el mamógrafo del Hospital Interzonal San Juan Bautista está sin funcionar. Ante esta situación, las pacientes son derivadas a la parte privada y, según lo que aseveró la diputada provincial Natalia Saseta, esto le cuesta al Estado $2,5 millones mensuales. Es decir, que desde que no está funcionando se destinaron $15 millones a los sanatorios y centros privados para cubrir esta falencia.
- El Ancasti >
- Edición Impresa >
- Información General >
El mamógrafo del San Juan ya lleva 6 meses sin funcionar
"Otra vez la salud pública es el negocio privado de quienes nos gobiernan", señaló la legisladora que presentó un proyecto de Resolución que tiene por objeto solicitar informe fundado al Ministerio de Salud de la Provincia, a fin de que ponga en conocimiento sobre los motivos de la falta de funcionamiento del mamógrafo del Hospital San Juan Bautista. La dirección del nosocomio habría informado en diciembre del año pasado que “en razón de las fallas ocurridas en el funcionamiento de nuestro mamógrafo digital, nos vemos obligados a discontinuar la programación de turnos de estudio de tamizaje que se realizan dentro del Programa de Control de Cáncer de mama”.
"Sin embargo, los responsables del hospital solo se limitaron en aquel entonces a informar el cese de la disponibilidad del equipamiento por el lapso de 60 días, sin especificar cuáles eran las fallas existentes y menos aún las razones del mismo cese. Durante este periodo se iban a realizar las correspondientes tareas de reparación y refuncionalización del equipo, por lo que se preveía retomar la atención en la primera quincena del mes de marzo", recordó Saseta.
Sin embargo, esa fecha no se cumplió y el mamógrafo sigue sin funcionar. "Ello constituye un golpe significativo para toda mujer que debe recurrir necesariamente al sistema de salud público. Ya es de notoria gravedad, que no se hayan dado mayores detalles sobre las deficiencias existentes en el equipamiento radiológico, y ello lamentablemente, no es lo único que preocupa, dado que miles de catamarqueñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante su imposibilidad de hacerse un chequeo anual preventivo contra el cáncer", lamentó.
La legisladora señaló que la derivación a las pacientes a centros privados de la Capital, cuyas atenciones debe abonar luego el Ministerio de Salud, "encierra un penoso negocio del cual solo determinados sectores se benefician".
