Desde la querella señalaron Víctor "Mosquito" Rodríguez habría intimidado a la denunciante para que guarde silencio. El 8 de mayo comienza el juicio en contra del exfuncionario de Fiambalá.
Ibáñez. Aseguró que la denunciante está muy afectada.
La causa por abuso sexual en contra de Víctor "Mosquito" Rodríguez (56), exfuncionario de la Municipalidad de Fiambalá y propietario de una radio, está en instancia de definiciones y, en la previa del juicio, desde la querella revelaron de qué manera el hombre habría intimidado a la denunciante. Uno de los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez, dijo que el imputado le habría advertido a su asistida que ella iba a "tener problemas" si daba a conocer el supuesto ultraje.
Según precisó Ibáñez en diálogo con la prensa, "Rodríguez venía haciendo un acoso en perjuicio de la víctima", quien era su empleada. En este sentido, explicó que la denunciante era "una becada" en "situación de vulnerabilidad", que tenía "miedo a perder su trabajo". "De hecho, él le decía eso: 'Mirá que yo soy importante acá, vas a tener problemas si contás esto'", añadió.
Ibáñez hizo énfasis en que "la causa judicial no avanzaba. Rodríguez seguía teniendo poder. (Ella) tuvo que irse de la provincia, estuvo tres meses en el sur del país, y decidió regresar porque quedó su hija pequeña en Fiambalá. Cuando vuelve, toma la decisión de hacer avanzar la causa judicial, que ya había iniciado, pero no prosperaba".
Por otra parte, remarcó que en la actualidad la denunciante "está muy afectada", tratando de "reconstruirse ante una agresión sexual de esta naturaleza, tratando de sobrellevarlo y de recuperarse con mucho esfuerzo".
Con respecto al juicio en contra de Rodríguez, que comenzará el 8 de mayo, consideró que "la prueba reunida durante la investigación y que ofreció para el juicio tanto la Fiscalía como la querella es suficiente para que se condene a Rodríguez por el hecho por el que está acusado". Para Ibáñez, al acusado le corresponde una "condena ejemplar". "Nosotros vamos a solicitar una pena de prisión efectiva de más de tres años. Creemos que el modo comisivo, abusando de poder político, de poder funcional, le generó un daño psicológico muy grande, tuvo que irse de la provincia, le costó regresar, le costó reincorporarse a su comunidad, y el abuso y la asimetría de poder amerita una pena de prisión efectiva", apuntó. El letrado también dejó en claro que Rodríguez, con la imputación que tiene, puede recibir una pena de hasta un máximo de cuatro años de prisión.
El último miércoles, El Ancasti dio a conocer que se había fijado fecha de juicio para el exfuncionario, quien está acusado por el delito de "abuso sexual simple". Así lo resolvió el Juzgado Correccional de Primera Nominación, a cargo del juez Marcelo Forner.
La resolución fue emitida el lunes de la semana pasada, tras un pedido de pronto despacho presentado el jueves 16 de abril por la querella, representada por los abogados Bruno Jerez e Ibáñez.
En el planteo advirtieron que la causa se inició hace más de cinco años y que el imputado fue enviado a juicio en octubre de 2023.
Entre sus fundamentos, la querella señaló que, debido a la mora judicial, podría declararse la prescripción del caso en octubre de 2027, lo que -según indicaron-, vulneraría el derecho de la víctima a obtener un juicio en un plazo razonable que permita determinar la responsabilidad penal del acusado, en contradicción con mandatos constitucionales y compromisos internacionales.
En ese sentido, citaron la Convención de Belém do Pará, que establece que "toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos".
El mismo día en que se presentó el pedido, calificado como "muy urgente", el juzgado dispuso que el debate oral se inicie el 8 de mayo.
Según pudo saber este diario, Rodríguez será asistido por el abogado defensor Luis Marcos Gandini. Los hechos atribuidos a Rodríguez habrían ocurrido entre julio y agosto de 2019, cuando la denunciante trabajaba en la radio del imputado y percibía una beca de la Municipalidad de Fiambalá, donde él se desempeñaba como funcionario.
Siempre según la acusación, el imputado le habría realizado propuestas de índole sexual que fueron rechazadas. Sin embargo, las conductas habrían continuado y derivado en presuntos abusos.
En 2020, la mujer radicó la denuncia penal y, meses después, el entonces funcionario fue desvinculado de la Municipalidad. En octubre de 2022, la Fiscalía de Tinogasta dio por concluida la etapa de investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa se opuso y pidió el sobreseimiento de Rodríguez, asegurando que la victima incurrió en "contradicciones", durante la investigación penal preparatoria. El expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones que, en octubre de 2023, confirmó la elevación a juicio.
