El de la energía es quizás el punto más crítico de la pelea por la distribución de recursos que mantiene la Casa Rosada con las provincias desde el ascenso a la Presidencia de Javier Milei.
El de la energía es quizás el punto más crítico de la pelea por la distribución de recursos que mantiene la Casa Rosada con las provincias desde el ascenso a la Presidencia de Javier Milei.
En una escalada cada vez menos propicia para el Pacto de Mayo que el libertario propuso sellar hace apenas un mes, la Nación decidió intimar a las distribuidoras provinciales y municipales a pagar las deudas que tienen con la mayorista CAMMESA, que ascienden a un total de 636.879 millones de pesos.
Es una cifra imposible de cubrir, que enfrenta a gran parte de las prestadoras del servicio a la posibilidad cierta de la quiebra.
La EC SAPEM catamarqueña no forma parte de las deudoras porque regularizó su situación hace unos años, pero de cualquier modo ya sintió el cimbronazo con la factura de febrero: 3.168 millones de pesos, un 320% más de lo que había abonado en febrero.
La crisis del sistema de subsidios ha provocado una encerrona fiscal de complejísima elusión, que el Gobierno nacional pretende salvar de un golpe y sin acuerdos previos con las provincias, cuyas finanzas están muy escoradas por el corte de las asignaciones no automáticas y el desplome de la recaudación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver reclamos por retenciones de recursos ejecutadas por la Presidencia que ascienden a unos 600 mil millones de pesos, cifra similar a la que exige la mayorista CAMMESA por la energía.
La decisión presidencial en el campo energético refleja su concepción metropolitana.
El 46% de la deuda de las distribuidoras con CAMMESA corresponde a las empresas EDENOR y EDESUR, que son las que brindan el servicio en esa región y, lo más importante, subsidiadas por el Tesoro nacional y no por la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires.
Es una inequidad por la que el resto de las provincias, con particular énfasis Córdoba, reclamaron históricamente. Los usuarios de CABA y el Conurbano bonaerense pagan por ese trato preferencial tarifas irrisorias en comparación con las del interior, donde los eventuales subsidios deben ser afrontados por las arcas provinciales.
Este elemento no es considerado por la gestión libertaria, que aplica el mismo criterio de presión para todos los distritos.
La deuda de las dos distribuidoras metropolitanas es de 293.183 millones de pesos. EDENOR es la que debe más, con 185.372 millones. Le paga a CAMMESA solo 3,37% de la factura. Nada.
EDESUR adeuda 107.811 millones y abona a la mayorista el 11,2% de la boleta.
Quiere decir que lo más voluminoso del problema se ha generado por el desequilibrio en la única zona subsidiada por el Tesoro nacional, cosa que tendría que inducir un análisis diferenciado.
Y más allá de eso: ¿De dónde van a sacar las provincias para pagar? ¿CAMMESA interrumpirá el servicio si no lo hacen? ¿La Nación dejará sin luz a todo el país?
La magnitud de la crisis energética demanda soluciones concertadas para no continuar escalando, sobre todo por la profundidad de una recesión que parece no encontrar piso.
No solo se trata de la situación de las distribuidoras. La quita de los subsidios a la industria y el comercio ha significado un golpe brutal para la actividad económica, que retroalimenta el parate.
Como señaló ya El Ancasti, hay una catástrofe en ciernes cuya acechanza no parece inquietar a quienes manipulan la motosierra. Las facturas se han vuelto impagables por más voluntad que le pongan industriales, productores y comerciantes. Algunas provincias han instrumentado el pago en cuotas para tratar de aliviar la incidencia del gasto energético en la estructura de gastos generales, pero son mecanismos que no pueden mantenerse indefinidamente. n