José Santiago Ahumada Franzzini venía desempeñándose como secretario del ex juez Héctor Rodolfo Maidana.
La Corte de Justicia de Catamarca, por estas horas, se estaría preparando para tomar juramento a nuevos funcionarios. De acuerdo con información judicial a la que El Ancasti pudo acceder, mañana en el Salón San Martín del palacio judicial se le tomaría juramento a José Santiago Ahumada Franzzini como juez de Control de Garantías de Primera Nominación en comisión.
Ahumada Franzzini, quien venía desempeñándose como secretario en este tribunal, reemplazará al ex juez Héctor Rodolfo Maidana. Además, anteriormente, fue secretario en Fiscalía Penal. Dada la vacante del cargo, oportunamente, la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial realizará la convocatoria para el llamado a concurso. Este cargo de juez de Control de Garantías quedó vacante tras la renuncia de Maidana, quien se acogió al beneficio de la jubilación, pedido de juicio político mediante. La renuncia la presentó el 25 de marzo último, a efectos de hacerse efectiva a partir del 1 de abril.
El diputado provincial Hugo Ávila lo había denunciado –junto con el fiscal de Instrucción de Quinta Nominación, Hugo Costilla- por mal desempeño en relación con su participación en el acuerdo de reparación homologado entre víctimas e imputados, por el asalto en el barrio Parque América. Este acuerdo de partes liberó a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, todos ellos imputados por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda” por el asalto a los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso, y Carlos Gonzalo Varela Villegas. Juez y fiscal fueron acusados de mal desempeño en sus funciones, ignorancia inexcusable del derecho y se los acusó de haber incurrido en el delito de prevaricato.
Ante la renuncia a la magistratura, el jury queda sin materia. Es decir, se desestima el juicio político en su contra pero el trámite se centra solamente en el fiscal Costilla.
Maidana cuenta con una amplia trayectoria en la Justicia local. Antes de estar al frente del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación se desempeñó como secretario Penal de la Corte de Justicia de la provincia y como fiscal de Instrucción. Sin embargo, su carrera judicial se vio opacada, en su tramo final, con el escándalo de las absoluciones pagas.
En su descargo, Maidana pidió desestimar la denuncia en su contra. En ese se sentido, negó cada una de las causales de remoción que el denunciante le endilga. En este sentido, ratificó su postura en torno a que, hasta la fecha, el polémico artículo 59 inciso 6° del Código Penal (que permitió la liberación de los atacantes a los Rolón Reynoso) sigue sin ser reglamentado y los delitos enmarcados en el asalto no están explícitamente excluidos. Además, negó toda responsabilidad en el hecho al dejar en claro que el acuerdo de partes fue a requerimiento exclusivo del fiscal Costilla y que cuando llegó a sus manos ya se había concretado el pago de la reparación integral de los daños (indemnización pecuniaria) por parte de los imputados en favor de las víctimas.
Maidana presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo, dado que por mandato constitucional propone los pliegos de los jueces y fiscales ante la Cámara de Senadores para que se dé el acuerdo correspondiente para desempeñarse en la magistratura. Sin embargo, Maidana aclaró en la misiva enviada al gobernador Raúl Jalil que su baja recién se hacía a partir del 1 de abril. El entonces magistrado cumplió los 65 años a finales de marzo y estaba en condiciones de acceder al retiro por jubilación. Finalmente, el gobernador Raúl Jalil aceptó la renuncia del exjuez y firmó el decreto pertinente.
El fiscal Costilla junto con la fiscal coadyuvante Valeria Reyes encabezan la investigación contra la mediáticamente conocida “banda de los usurpadores”. Por esta causa, están imputados –y privados de la libertad- Mario Rodrigo Del Campo, apuntado como el líder de la banda, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles y Juan Pablo Collantes, apuntados como los "prestanombres", y Rocío Grisel Gordillo, abogada, apuntada por su supuesta participación en la ejecución de pagarés de procedencia ilegítima.
Si bien el pasado 14 de abril –durante el turno del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación-, según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, los fiscales Costilla y Reyes enviaron el pedido de prisión preventiva para los acusados, aún no se fijó fecha para la audiencia. Los fiscales tomaron esta decisión luego de una serie de medidas probatorias que habían sido requeridas por las partes, que "incluyeron nuevas declaraciones testimoniales y otras diligencias".
