martes 2 de abril de 2024
Revés para condenado por "quebrantamiento de inhabilitación judicial"

"El hecho acaeció en circunstancias que no se acreditaron con evidencia suficiente"

El penado debía cumplir una pena de prisión efectiva pero mantenía la libertad hasta que el fallo quedara firme. Presentó un recurso de casación en la Corte y fue absuelto por el beneficio de la duda.

En agosto del año pasado, un hombre fue hallado culpable en el Juzgado Correccional de Tercera Nominación en el delito de “quebrantamiento de inhabilitación judicial”. A la vez, se revocó la condicionalidad de la condena impuesta por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el 21 de febrero de 2020; por entonces, se declaró a esta persona como responsable del delito de “homicidio culposo cometido por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor”. Se le impuso una pena de dos años y 10 meses de prisión e inhabilitación para conducir vehículos automotores de cualquier tipo por el término de siete años. Ante el quebrantamiento, se resolvió unificar la pena y se fijó una condena de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para conducir vehículos automotores de cualquier tipo por el término de siete años. No obstante, una vez firme la presente sentencia, se procedería con la inmediata detención del condenado y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

El abogado defensor Fernando Contreras del Pino, presentó un recurso de casación ante la Corte de Justicia. La Sala Penal del máximo tribunal de Justicia catamarqueño resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de casación y revocar la sentencia. De esta manera, se dispuso la absolución por el beneficio de la duda, por el delito de “quebrantamiento de inhabilitación judicial”.

Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que la defensa planteó la nulidad con la incorporación y producción de la prueba –un video- durante el juicio. Este elemento probatorio fue cuestionado por el defensor. Para Contreras del Pino, “la incorporación y producción del video jamás fue

peritado. También refiere que no pudo precisarse, a partir de la grabación, la fecha en la cual el hecho se habría cometido. Es claro que la defensa no cuestiona la veracidad de este elemento probatorio. Esta persona llegó acusada por el quebrantamiento de aquella inhabilitación judicial. Conforme el relato de la acusación, el día 26 de abril de 2021, siendo la hora 21.49, fue visto por dos testigos conduciendo una motocicleta”, se detalló.

Al respecto, la Sala Penal consideró oportuno recomendar a los magistrados que, en el caso de que se imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para conducir en este tipo de delitos, los alcances de tal decisión no solo se limiten a los vehículos automotores, sino que se haga extensiva a todo vehículo con motor. Sin embargo, se coincidió con el defensor en que el Tribunal realizó una valoración parcial de los elementos de prueba incorporados para concluir en atribuir la responsabilidad penal por el hecho por el que se acusó. Para emitir una sentencia, se apoyó la decisión en la grabación de video incorporada por la denunciante y en dos testimonios. “En este sentido, es el propio sentenciante en su decisión quien expone que ‘coincido con la defensa sobre la no acreditación de la fecha y hora de la filmación y la no realización por parte de la fiscalía interviniente de una pericia sobre el teléfono celular de la denunciante o el CD para determinarlo'. Las pruebas testimoniales son de quienes realizaron la filmación que se incorporó como prueba; las declaraciones de las testigos no hacen más que acreditar que el hecho existió”, se aclaró.

Sin embargo, se advirtió que la cuestión es analizar lo referido a la circunstancia de tiempo en el que el hecho habría acaecido y no en la existencia misma del suceso que fue reconocido por el propio acusado. De las constancias de la causa surge que fue la defensa quien solicitó informes al SAE 911 y al Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Fernando del Valle Catamarca sobre la existencia de cámaras de seguridad o vigilancia en las calles donde fue visto. Estos organismos informaron que, si bien cuentan con cámaras de videovigilancia en la zona, no era posible dar respuesta al requerimiento porque se había vencido el plazo para guardar las imágenes. El hecho se produjo el 26 de abril de 2021 y que la producción de esta prueba recién se llevó a cabo el 27 de junio de 2023. Esto impidió que debido al paso del tiempo, esta prueba que resultaba con valor indiciario de importancia a los fines de la determinación de la fecha del hecho por el cual se acusa a esta persona, no pueda obtenerse. Misma suerte le sigue la prueba también ofrecida por la defensa al Laboratorio Satélite Forense con relación a la realización de prueba pericial informática en DVD. Esta “no figura ningún ingreso relacionado a dicha causa para tramitación en este laboratorio”, se informó oportunamente.

“Vale aquí realizar un llamado de atención sobre la diligencia que deben observar quienes tienen a su cargo la investigación y prueba de los hechos. Es su deber efectuar todos los esfuerzos necesarios para acreditarlos; no se hizo así en este caso. Repárese que la prueba que resultaba de trascendencia para la causa, no era de difícil producción. Si los otros elementos son las declaraciones testimoniales y la grabación de video, la prueba informativa antes mencionada no resultaba entonces una simple omisión de la fiscalía, sino que constituían elementos que analizados integralmente hubieran permitido al tribunal determinar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el hecho se habría producido. Sin dudas que lo afirmado no significa poner en duda de la veracidad de los testimonios de los testigos. En la sentencia recurrida se afirma que el hecho acaeció en circunstancias de tiempo que no se logró acreditar con evidencia suficiente. En nuestro sistema normativo, el principio de inocencia de las personas se sostiene como una garantía hasta tanto y a través del debido proceso legal, se pruebe más allá de toda duda razonable la realidad de la imputación que pesa sobre ellas”, destacó.

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