La ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación incluye 664 artículos que impactan en la vida cotidiana de los argentinos y exhibe un apartado específico con modificaciones referidas a la educación. La mayor parte de los artículos elaborados por el Ejecutivo pretenden modificar la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior.
Algunas de las iniciativas incluidas en este documento de 351 hojas son: evaluar a los estudiantes al final de la secundaria, hacerles saber sus resultados y otorgarles una calificación; difundir los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela; y tomar exámenes periódicos a los docentes para medir sus capacidades y conocimientos.
Otro de los puntos que generaron mayor repercusión fue la modificación para impartir el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
En el apartado que concierne a Educación, al primer sector al que se apunta es al de los docentes. De la Ley de Educación Nacional 26206 mantiene dos alternativas del artículo 69 para esa carrera, que son el desempeño en el aula y el desempeño de la función directiva y de supervisión. No obstante, a partir de una modificación, se fija que el ascenso dependerá de la formación y de "la evaluación continua".
En este sentido, el megaproyecto de Milei incorpora dos incisos al artículo 76 que regula las obligaciones del Instituto Nacional de Formación Docente: sostienen en el artículo que será obligatorio “evaluar” cada "cinco años" a los docentes que se incorporan a la docencia mediante "un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”.
También explicita que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país” y argumenta que será imprescindible para “revalidar las capacidades y conocimientos”.
El proyecto de Milei dirige su atención también a la formación estudiantil y la evaluación del sistema educativo. De esta manera, con la propuesta de sustitución del artículo 95 de la Ley Nacional de Educación, el Gobierno plantea evaluar en conceptos como "matemáticas y comprensión lectora" y otras materias que "determine la autoridad de aplicación" a "todos los alumnos" al "finalizar los estudios de educación secundaria".
Se tratará de un "examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan", añaden, y, a diferencia de lo que ocurre con las vigentes pruebas Aprender, remarcan que "el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado".
Entre otros cambios, el artículo 553 del proyecto de La Libertad Avanza busca sustituir el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, pero solo para argentinos "nativos o por opción" y "para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
En ese sentido, define que "las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos". Sin embargo, aclara, esos estudiantes excluidos "podrán ser titulares de becas". Asimismo, la ley ómnibus modifica un artículo clave, que tiene que ver con el examen de nivelación y orientación profesional y vocacional.