El Gobierno nacional analiza cómo apelar el fallo que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral, emitido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 a raíz de una acción impulsada por la CGT. Detrás de la estrategia judicial están la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con el respaldo del ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques, en tanto, no aparece en las conversaciones por el momento.
Todavía no hay definición sobre en qué fuero apelar. Se evalúa el laboral, pero también el contencioso administrativo, que hace tres semanas rechazó la cautelar de la CGT para suspender artículos de la ley vinculados a la transferencia de la Justicia del Trabajo a la jurisdicción porteña. Dirigentes de la CGT dan por descontado que el Gobierno optará por ese fuero.
A ese fallo se suma uno del viernes: el Juzgado Federal N° 2 de San Martín suspendió los artículos 131 y 133 de la ley, que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales, a raíz de una presentación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). Su secretario general, Armando Cavalieri, celebró la medida: "El fallo fue un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar".
