Previsiblemente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, candidato a la reelección, inscribió el fallo de la jueza de Nueva York, Loreta Preska que ordena al Estado argentino pagar una multimillonaria compensación a dos fondos de inversión por la expropiación de YPF en una de las tantas megaconspiraciones que se ensañan con el país. Omitió el detalle que uno de los beneficiarios de la sentencia, Burford Capital –el otro es Eton Park- obtuvo los derechos para litigar de Petersen Energía, sociedad a través de la cual la familia Ezkenazi, apadrinada por Néstor Kirchner, había adquirido el 25% de la petrolera argentina. Y que el grupo Petersen, que está concursado, se reservó la prerrogativa de cobrar el 30% de los resarcimientos que disponga la Justicia.
De acuerdo a los parámetros que estableció Preska para calcular estas indemnizaciones, el monto podría ascender a más de 16 mil millones de dólares. Como para dimensionar el volumen de la cifra: es más del doble de los 7.500 millones del último desembolso del FMI, que el Gobierno festejó como maná del cielo. Los Eskenazi que entraron en YPF de la mano de Néstor podrían quedarse con miles de millones de dólares gracias a la torpeza con que se llevó adelante la expropiación.
A Kicillof le interesa particularmente salir a partir la cancha porque fue el ministro de Economía que instigó la expropiación de YPF en 2012, por órdenes de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la complicidad de todos los legisladores que levantaron la mano en el Congreso sin considerar las consecuencias de lo que estaban aprobando. Imbuidos de espíritu nacionalista, ignorando el detalle sobre el que Preska fundó su sentencia: la expropiación se hacía en abierta violación a los estatutos de YPF. Para Kicillof, respetar tales estatutos era “una estupidez”.
Preska le dedicó un párrafo de su fallo al exministro: “Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”.
En abril de este año, El Ancasti reprodujo un análisis del periodista Carlos Pagni sobre este tema publicado en La Nación, titulado “Una trama de corrupción e ineptitud impactante”, con datos extraídos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que la Justicia Federal Argentina nunca consideró (https://www.elancasti.com.ar/edicion-impresa/una-trama-corrupcion-e-ineptitud-impactante-n523214).
“Se ignoró el procedimiento previsto en los estatutos de la empresa, sobre todo la cláusula que exige que quien compre más del 15% del capital social debe realizar una oferta pública en la Argentina y Estados Unidos a quienes ya poseen acciones o valores convertibles de la misma sociedad. Kicillof, que fue el jefe del desembarco y (el exsecretario de Legal y Técnica Carlos) Zannini, su ideólogo jurídico, ignoraron esa prescripción. Ni siquiera consideraron oportuno explicar, en los fundamentos del proyecto de ley de estatización, por qué eludían el requisito”, consignó Pagni.
“Esos vicios de procedimiento se agravaron –añadió- cuando se realizó el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol por la confiscación de sus acciones. En esa oportunidad se firmó un acuerdo por el cual se admitía que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del Estatuto, pero que se negaba a hacerlo. Hubo varios avisos sobre el riesgo que entrañaba esa aceptación. Existen emails del abogado externo Edward Scarvalone, dirigidos a varios funcionarios de Cristina Kirchner, alertando que si se le reconocía a Repsol esa prerrogativa, el Estado nacional se exponía a reclamos de otros accionistas. Esas alarmas fueron ignoradas”.
Independientemente de las sospechas de que la impericia haya sido deliberada, para beneficiar a los Eskenazi, la mala praxis fue obscena. Zaninni, ahora en calidad de procurador del Tesoro, es el responsable de la estrategia jurídica que naufragó en Nueva York.
Obviamente, la sentencia será apelada. El juicio se alargará y con él los montos que tendrá que pagar el quebrado Estado nacional.
