¿Qué proyección electoral tienen las políticas de género?
domingo 15 de septiembre de 2024
¿Qué proyección electoral tienen las políticas de género?
La situación del intendente de Pomán, Francisco Gordillo, plantea el interrogante en términos muy concretos al oficialismo, donde la sucesión de episodios de violencia de género que comprometen a algunos de sus más caracterizados dirigentes genera tensiones internas cada vez más inocultables con sectores que militan y trabajan sobre ese eje.
Gordillo fue denunciado por su expareja, quien recibió el respaldo público del hijo menor de ambos, a través de un posteo de Facebook que se viralizó velozmente.
Los repudios de mujeres del Frente del Todos a la conducta del intendente sumaron el apoyo explícito a la mujer violentada nada menos que de la senadora nacional Lucía Corpacci.
Intendente vitalicio de Pomán, Gordillo es un referente que goza de gran consideración en el esquema del Frente de Todos. Encabezó a nivel provincial, en diferentes etapas, los ministerios de Gobierno –del que se fue contaminado por una causa de narcotráfico-, Desarrollo Social y Educación, con gestiones lamentables.
Con esta denuncia, se suma al universo de caudillos peronistas del interior que son o fueron blanco de causas por violencia de género: Elpidio Guaraz, de Santa Rosa; Franco Carletta, de Icaño, y Luis “Lula” Polti, de Recreo. Todos, en la estela del exintendente de Puerta de Corral Quemado Enrique Aybar, reelecto en dos oportunidades a pesar de tener abiertos procesos por abuso sexual, delito por el que fue condenado en 2020 tras ocho años de enredada deriva por los tribunales.
Las repulsas de sectores y dirigentes oficialistas hacia los involucrados en este tipo de causas no alcanzaron nunca a provocar pronunciamientos institucionales que fueran más allá de generalidades o buscaran atenuar el impacto político sobre el peronismo extendiendo responsabilidades hacia la molicie de la Justicia.
En ningún caso el Gobierno, que tiene en su organigrama una Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, asumió decisiones políticas de fondo, salvo para el episodio de la concejala Ivana Ferreyra, en el que se vio obligado a mediar para que el clan Carletta le permitiera tomar posesión de una banca cuya titularidad le había sido reconocida por la Corte de Justicia.
La contradicción entre esta prescindencia y el discurso de género que esgrime con insistencia es a esta altura demasiado ostensible.
La incidencia nociva de la mora judicial para avanzar en los expedientes que conciernen a personajes vinculados al poder, sacerdotes incluidos, es innegable, pero es en el terreno político donde el conflicto comienza a expresarse con mayor rispidez.
Que Corpacci haya expresado su apoyo en forma pública a la denunciante es un ingrediente significativo, pues inyecta volumen a la discusión.
Diga lo que diga la Justicia, los intendentes sindicados por transgresiones a los principios de género tienen liderazgos territoriales importantes. Es obvio que buscarán ser reelectos y, como integrarán la oferta oficialista, ofrecerán un flanco irresistible para que la oposición trate de apoderarse de las banderas de género en el marco de la campaña. ¿Cómo congeniar candidatos bajo sospecha con el compromiso con las políticas de promoción de los derechos de mujeres y diversidades? El dilema entre contribución electoral y principios declamados es nítido.
El Frente de Todos catamarqueño –sus mujeres se lo están advirtiendo- tiene que reaccionar rápido. No vaya a ser que, por demorar decisiones, lo acusen de oportunista y le dediquen en plena campaña las cuartetas de la célebre cumbia “El camaleón, mamá, el camaleón”:
Si por a’i presiente
que unos votos pierde
cambia de color
y se viste de verde.