Aparte de provocar una fisura entre el gobernador Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci, el trámite parlamentario del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) expuso también cómo los intereses provinciales y regionales se imponen en la etapa libertaria sobre las filiaciones políticas como elemento aglutinante.
El respaldo de los gobiernos de provincias mineras y petroleras fue determinante para la media sanción del régimen incluido en la Ley Bases, que establece importantes beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para las inversiones superiores a los 200 millones de dólares.
Los diputados nacionales del peronismo catamarqueño Silvana Ginocchio, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez se apartaron en ese punto de la posición fijada por el bloque de Unión por la Patria que integran y votaron a favor. Sebastián Nóblega también votó diferenciado: no rechazó, sino que se abstuvo; es decir: no contribuyó al rechazo que buscaba su bancada. Los cuatro votaron disciplinadamente en contra de la ley en general.
En el tratamiento de la reversión de Ganancias la figura fue inversa: Nóblega votó a favor y los otros tres aportaron a la aprobación absteniéndose, no se entiende bien por qué.
Con este particular posicionamiento, el grupo peronista catamarqueño reflejó la voluntad política no solo del Gobierno provincial, sino de la Mesa del Litio, que además de Catamarca integran Jujuy y Salta, cuyos gobernadores habían expresado el apoyo explícito al sistema días antes. Se sumó la cofradía de San Juan, interesada en las inversiones para sus emprendimientos de oro y cobre. Los petroleros completaron el combo para lograr la media sanción.
Que el agrupamiento regional en función de intereses concretos permitiera a los operadores del oficialismo nacional neutralizar los encuadramientos partidarios es un indicio importante sobre la morfología del orden en ciernes.
Lo ocurrido con Ganancias ilustra el cambio.
El año pasado, después de la victoria de Milei en las PASO, el candidato a Presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la reforma en escala del tributo con el acuerdo de todos los gobernadores peronistas. La baja de la recaudación que ello implicaba perjudicaría a las finanzas provinciales, pues Ganancias se coparticipa, pero los mandatarios se disciplinaron a la estrategia electoral partidaria a cambio de una futura coparticipación de otros tributos “a pillar”.
Ahora, en cambio, se desacataron de Cristina Kirchner inducidos no solo por la asfixia financiera a las que lo somete la administración Milei. También jugó la necesidad de atenuar la inestabilidad provocada por el endiablado diseño institucional surgido del proceso electoral: no solo un Gobierno con representación insignificante en el Congreso, sino también encabezado por una figura mesiánica, inexperta y sin interlocutores en condiciones de suministrarle gobernabilidad por sí solos.
Es un escenario incierto de alianzas fugaces y coyunturales, de poroteo constante, donde empiezan a ganar visibilidad nuevas figuras y emergen nuevos vectores de poder.
A la Ley Bases todavía le falta pasar el Senado, pero la gestión libertaria parece haber encontrado una clave para funcionar, para descongelar el empate de las impotencias.
El desafío está en el campo opositor y pasa por generar expectativas.
Dentro del peronismo, los límites que impone el liderazgo de Cristina Kirchner en tal sentido son obvios ya desde 2019: fue la conciencia de esa deficiencia lo que la llevó a encumbrar a Alberto Fernández como candidato a presidente.
Al marcar a Cristina como enemiga, Milei procede con una sutileza política que sus desvaríos disimulan. Refuerza su centralidad y obstaculiza el recambio.
El ultrakirchnerismo se le opone, es cierto, pero al mismo lo complementa.
