La solicitud remitida por el juez Marcelo Sago tomará estado parlamentario en la sesión de este miércoles. En paralelo, la defensa del diputado recurrió la medida ante la Cámara de Apelación.
El pedido de desafuero del diputado provincial Javier Galán ingresará formalmente este miércoles a la Cámara de Diputados, cuando tome estado parlamentario durante la sesión. De esta manera, el expediente iniciado por el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, comenzará su tratamiento legislativo, mientras que en el plano judicial la defensa del legislador ya presentó una apelación contra esa resolución.
El recurso fue interpuesto por el abogado Leonardo Berber luego de que Sago hiciera lugar al requerimiento formulado por el fiscal de Instrucción N° 4, Ricardo Córdoba Andreatta, para solicitar el desafuero de Galán en la causa que investiga los presuntos delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios.
La apelación será analizada por la Cámara de Apelación y Exhorto, que deberá determinar si confirma o revoca la decisión del magistrado. Mientras tanto, el expediente continuará su recorrido dentro de la Legislatura, ya que ambos procedimientos avanzan por vías independientes.
Con el ingreso formal del pedido de desafuero, Diputados deberá remitir el expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político, que tendrá a su cargo el análisis del caso y el dictamen antes de un eventual tratamiento en el recinto.
En el ámbito judicial, en tanto, la investigación permanecerá supeditada a lo que resuelva la Cámara de Apelación sobre el recurso presentado por la defensa. Hasta que ese tribunal se expida, la causa no podrá avanzar hacia la siguiente etapa procesal, aun cuando la Cámara de Diputados resolviera hacer lugar al pedido de desafuero.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por Iván Luna Avellaneda, empleado legislativo que había sido ofrecido como testigo en otra investigación que involucra a Galán. Según la acusación, el diputado lo convocó a una reunión en el corralón de su propiedad, para pedirle que negara cualquier vínculo laboral de una excompañera y que no declarara en su favor. El denunciante sostuvo además que esa conversación se produjo mientras el legislador manipulaba un cuchillo.
Luna Avellaneda también aseguró que, pese a desempeñarse como empleado de la legislatura, cumplía funciones en el corralón y que debía destinar parte de su sueldo a realizar transferencias de dinero a terceras personas.
Al solicitar el desafuero, el juez Sago tomó en consideración distintos elementos incorporados al expediente. Entre ellos, un informe remitido por la Cámara de Diputados que confirmó la designación de Luna Avellaneda como asesor del bloque MID; las planillas de asistencia correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2025 y abril de este año, en las que no registró ingresos; la solicitud de baja presentada después de conocida la denuncia; informes bancarios y documentación aportada por la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT) sobre la titularidad del Corralón San Javier.
En paralelo, continúan pendientes de resolución otros recursos presentados por la defensa de Galán en las tres investigaciones restantes que tramitan en el mismo juzgado. Esos expedientes se iniciaron a partir de denuncias de excolaboradoras del legislador por presuntos hechos de abuso sexual y otros delitos vinculados con su desempeño como empleador.
Una vez que la Cámara de Apelación se expida sobre esos planteos, el juez Sago podrá definir cómo continuará el trámite de esos procesos y si corresponde promover nuevos pedidos de desafuero.
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