Todo depende del cristal con que se lo mire. Un informe del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea señala que el resultado financiero del sector público nacional en el primer semestre de 2024 fue el mejor de los últimos 64 años. El calificativo de “mejor” se refiere al resultado financiero a partir del formidable recorte del gasto público practicado por el gobierno de Javier Milei desde el arranque de su gestión.
Pero lo que es “mejor” para la macroeconomía no lo es para los sectores que pierden con el modelo, y que aportan, involuntariamente por supuesto, sus recursos para que las cuentas fiscales cierren. El ajuste, que en lo que va de 2024 fue del orden del 5,4 puntos del PBI, se logró gracias al deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados, a la quita de subsidios de las tarifas de servicios públicos, la disminución de las transferencias –automáticas y no automáticas- a las provincias y la paralización de la obra pública, entre otros factores.
Como se comprenderá, la “mejoría” macroeconómica perjudicó directamente a jubilados, usuarios de servicios públicos, trabajadores y empresarios vinculados a la obra pública, y a los actores económicos relacionados con los estados provinciales, que se empobrecieron notablemente en los últimos 8 meses.
Indirectamente, se vieron perjudicados también los sectores asalariados en general, porque el ajuste provocó una recesión prologada que va camino a convertirse en depresión si no hay un repunte –que por el momento no se observa en el horizonte económico- de la actividad económica en los próximos meses. Este modo de lograr el déficit cero o el superávit de las cuentas fiscales (la “mejoría macroeconómica) ha generado un crecimiento acelerado de la pobreza, la indigencia y el desempleo.
Hay que señalar, además, que el equilibrio se logró pateando compromisos hacia el futuro, que deberán pagarse más tarde o más temprano. La deuda acumulada del Banco Central con los importadores desde diciembre pasado, por ejemplo, es de unos 14 mil millones de dólares. Si se hubiesen pagado en tiempo y forma, habría un déficit pronunciado de las cuentas públicas. El Gobierno también decidió no pagar las deudas con las empresas de energía, que reestructuró entregándoles bonos que las firmas aceptaron a regañadientes. El monto de esa deuda, que también el Estado deberá enfrentar en algún momento, es superior al billón de pesos. Una enormidad.
El superávit de las cuentas públicas se logra o reduciendo gastos o incrementando ingresos, o combinando sabiamente ambas alternativas. Pero el que se logra posponiendo el pago de deudas o sacándoles recursos a jubilados, asalariados, consumidores y provincias tiene un costo económico y social altísimo. El tiempo dirá si tiene también un costo político.
Por eso, como ya se dijo, el análisis de los fríos números de la economía están condicionados por el cristal con el que se los mira. No es lo mismo el cristal de la macroeconomía que el cristal de los ajustados.