martes 11 de enero de 2022

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Editorial

El campo se moviliza y vuelve la tensión

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9 de enero de 2022 - 01:05

Como si fueran las preliminares del conflicto desatado en 2008 por las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el campo vuelve a tomar protagonismo en un momento donde el Gobierno tiene el foco puesto en el acuerdo con el FMI y las consecuencias de la nueva ola de COVID-19.

Una señal clara de alerta la dieron ayer unos 250 productores en la localidad de Armstrong, Santa Fe, quienes pidieron a la Mesa de Enlace que adopte medidas de fuerza para expresar el malestar y la indignación del interior con la política del Gobierno nacional hacia el campo.

La asamblea de productores pretende que se declare el estado de alerta y movilización, el cese de comercialización y que se hagan piquetes en las rutas, y en la próxima campaña de cultivos de invierno, que se empieza a definir en los próximos meses, bajar el nivel de uso de tecnología y de producción.

La bronca expresada bajo el abrasador sol santafesino fue el corolario de una semana en que se profundizó el fastidio de dirigentes y productores con la mayor intervención del Gobierno en las exportaciones de carne vacuna, maíz y trigo, y la falta de medidas que promuevan la inversión y la producción. El campo también insistió en que no es responsable de la suba de precios de los alimentos y trasladó a las autoridades nacionales la inquietud de resolver la inflación que aqueja al país desde hace años.

El sector reclama la eliminación total de las retenciones, apertura de las exportaciones y el desdoblamiento cambiario, y rechaza la conformación cualquier tipo de organismo que trabe la comercialización de su producción. Por otro lado, hubo un rechazo a los subsidios y compensaciones, y se pidieron medidas de emergencia para enfrentar la sequía que afecta a diferentes regiones productivas. En Entre Ríos, por caso, los productores afirmaron que el 80% del maíz sembrado se encuentra en un estado de regular a malo.

Paralelamente con esa asamblea, la Sociedad Rural Argentina expresó en un documento su profunda preocupación por “la grave situación institucional que atraviesa hoy el país”, y puntualmente remarcó que desde el 1° de enero el cobro de los derechos de exportación carece de “sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos”.

“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó el presidente en SRA, Nicolás Pino.

La entidad recordó que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el mandatario nacional reglamentar los derechos de exportación: “La no sanción de la ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, convierte en nulo el decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”.

Hasta ahora, el Gobierno mantuvo silencio respecto a este reclamo. No podrá hacerlo por mucho tiempo. Si algo caracteriza a los productores agropecuarios, más que a sus entidades madres, es su perseverancia. Así lo demostraron hace más de 13 años, cuando organizaron el histórico paro, lock out y bloqueo de rutas en protesta por la Resolución 125 que establecía un sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja, trigo y maíz.

Esta vez se suma la carne a la mesa de los reclamos. Es de esperar que esta vez, a diferencia de aquélla, haya un diálogo maduro para no llegar a un conflicto similar.

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