El Consenso Fiscal que el Gobierno propuso el viernes a los intendentes procura ajustar el blindaje de la Provincia ante las turbulencias de una crisis cuyo desenlace se torna más incierto por las dificultades que la conducción de Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo oponen no solo a las posibilidades de afianzar acuerdos políticos de mediano alcance, sino también a la integridad y chances de crecimiento de su propio espacio.
El impacto del incremento nacional de las tarifas de energía y los límites presupuestarios que restringen el margen de la Provincia para instrumentar atenuantes se conjugaron con la movilización de los Concejos Deliberantes del interior para presionar por subsidios del Tesoro en la configuración de un inquietante presagio.
El alcance erosivo de este movimiento cobró mayor nitidez a la luz de una tendencia entre los intendentes, aún incipiente, de inventar tasas de legalidad dudosa para fondearse, en un contexto en el que el Gobierno ya no está en condiciones de auxiliarlos en la medida que lo venía haciendo.
La bala del aumento tarifario perforó el blindaje provincial: el Gobierno no puede solventar la deserción nacional como lo vino haciendo con, por ejemplo, el FONID y los recursos para la asistencia social.
Esto se debe al sostenido desplome de los ingresos por coparticipación y a la reducción o anulación de las transferencias nacionales discrecionales y con destino específico, consecuencia a su vez de una recesión que se prolonga sin que el Gobierno nacional acierte a revertirla y que se traduce en una fuerte caída de la recaudación. La baja de los precios internacionales de la soja y el litio ensombrece aún más la escena.
El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, es el caso paradigmático del intento de desmarque fiscal de los municipios, con la instauración unilateral e inconsulta de un Código Tributario que pretende aplicar sobre las construcciones que demanda la actividad litífera. El Gobierno salió de inmediato a desautorizarlo, pero emergen otros casos.
En Los Altos, al mando del también oficialista Raúl Barot, se hicieron planteos formales en contra de una tasa vial cuyo pago se intimó en julio. Los afectados solicitan que el municipio les especifique qué servicios “efectivamente prestados” incluye la gabela, además de sus bases legales.
Consenso preventivo
La reunión para presentar el Consenso Fiscal trata de encausar la discusión y abortar una anarquía en ciernes. Tuvo asistencia perfecta, con la presencia de intendentes o representantes de los 36 municipios de la Provincia. El Gobierno propone unificar criterios y establecer seis tasas municipales, de cuya recaudación y fiscalización se encargaría ARCA, con garantía de disponibilidad de los recursos.
El acuerdo es de carácter preventivo, para conjurar un desmadre que podría tener consecuencias muy gravosas en términos de seguridad jurídica, pero en gran parte sincera una situación de hecho. La Provincia financia permanentemente con aportes del Tesoro a las comunas, que son en su gran mayoría deficitarias. La contribución provincial para el pago de los aguinaldos municipales, por ejemplo, es un ritual invariable, lo mismo que la condonación de deudas.
Es esta lógica de subsidios estructurales al gasto municipal la que entró en colapso con la caída de los ingresos públicos que se encadena desde Nación.
El margen de la Provincia para continuar financiando a los municipios se ha angostado dramáticamente y el Gobierno plantea que es indispensable cerrar filas para aguantar una cincha nacional imposible ya de eludir.
Nitroglicerina nacional
Las maniobras provinciales se despliegan contra el telón de fondo de una arena política nacional dinamitada. La capacidad de Cristina Kirchner para enfilar al peronismo en el Congreso se diluye, Mauricio Macri pierde también las riendas de su facción y el bando libertario se constela en litigios intestinos de corte circense y grotesco.
Milei se aferra a un control de la inflación en aras del cual sacrifica reservas para mantener el dólar a raya y profundiza un ajuste draconiano para aplastar el consumo. Los dibujos contables del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo se impregnan de desesperación ante la cerrada negativa de los mercados a prestar financiamiento a la Argentina, mientras la recaudación cae.
Cunden las especulaciones y los análisis de alquimias económicas, pero el problema es claramente político.
Cae el velo. La victoria de Milei fue un acontecimiento extraordinario, excepcional ¿Cuáles son las posibilidades de que se reitere?
Es un interrogante capital, de arduo despeje. En las elecciones de medio término del año que viene, la extraña fascinación que ejerce la figura del Presidente no estará en las boletas para traccionar a sus candidatos y los caciques provinciales harán lo imposible tanto para evitar que el fenómeno libertario se les meta en sus distritos como para sumar poder de fuego en un Congreso que ha demostrado la importancia de su gravitación.
Entre la espuma de los dislates, la política profesional se remite a 2023.
Milei sacó el 30% en primarias y primera vuelta y solo saltó al 56% con el respaldo de Macri en el balotaje, mano a mano contra Sergio Massa, que lo había apoyado antes para partir a Juntos por el Cambio. Lo de que llegó sin estructura es bastante relativo.
La composición del Congreso que lo condiciona quedó configurada en la primera vuelta y las del año que viene son elecciones parlamentarias ¿Cuántos legisladores nacionales podrá sumar La Libertad Avanza?
Esto es lo que empieza a pesar en el cálculo de los inversores de todo calibre. Tal vez allí radique la reticencia a dar el salto de fe que se les pide ¿Será capaz La Libertad Avanza de repetir la hazaña de Milei, sin Milei?
A las puertas de los nueve meses de gestión, Milei exhibe el éxito de haber embridado la inflación. Nada menos, se dirá, pero tampoco nada más. La contracara de ese mérito es una economía estragada por la recesión, una degradación social sin freno y una política embarbascada en una fragmentación al parecer irremontable, que ya afecta seriamente al neonato oficialismo.
Menos de dos meses bastaron para que el hojarascoso Pacto de Mayo con los gobernadores se convirtiera en papel mojado.
Con el año electoral en ciernes, el rasgo más marcado del Gobierno nacional es la inconsistencia.
