La Dirección de Educación Privada de la Provincia autorizó a los establecimientos de gestión privada y subvencionados a aplicar un incremento de hasta el 12,36% en las cuotas mensuales que abonan las familias. La actualización ya comenzó a regir en los aranceles correspondientes a junio y se suma al aumento otorgado en marzo de este año.
Según se informó a los representantes legales y directivos de las instituciones educativas, la medida se encuentra respaldada por una resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dictada en diciembre de 2025, mediante la cual se aprobó un sistema de actualización automática trimestral de los aranceles percibidos por los establecimientos adscriptos y subvencionados en el marco de la Ley Provincial N° 3387 de Enseñanza Privada.
El porcentaje autorizado varía en cada trimestre debido a que surge de una fórmula que contempla distintos indicadores económicos, entre ellos el valor del Punto Índice de los salarios docentes acordado en paritarias provinciales y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante los últimos tres meses.
Si bien la Dirección de Educación Privada establece un tope máximo para los incrementos, cada institución tiene la facultad de definir el porcentaje final que aplicará dentro de ese límite. Además, debido a que los aranceles difieren entre los establecimientos, el impacto en pesos también varía de una escuela a otra.
No obstante, un relevamiento realizado por este medio permitió constatar que la mayoría de los colegios decidió aplicar el porcentaje máximo autorizado por la cartera educativa provincial.
El aumento autorizado para junio constituye el segundo ajuste de aranceles en lo que va del año y refleja la puesta en marcha del sistema de actualización automática aprobado por el Ministerio de Educación a fines de 2025. Bajo este esquema, las cuotas pueden modificarse cada tres meses de acuerdo con la evolución de variables económicas como los salarios docentes y la inflación.
De acuerdo con el cronograma previsto por la resolución, los establecimientos podrán volver a actualizar sus aranceles en septiembre y diciembre. Para definir esos incrementos se considerará la evolución de los indicadores económicos registrados durante los tres meses previos a cada ajuste.
La actualización generó malestar entre padres y madres de alumnos de distintos establecimientos, quienes cuestionaron principalmente la falta de comunicación previa sobre los nuevos valores.
Según señalaron a este medio, algunos tomaron conocimiento del aumento recién en los últimos días a través de comunicaciones informales, mientras que otros advirtieron la modificación directamente al observar los débitos automáticos realizados en sus cuentas bancarias.
Las familias consultadas manifestaron preocupación por el impacto que estos incrementos tienen sobre la economía doméstica, especialmente en aquellos hogares con más de un hijo asistiendo a instituciones de gestión privada.
Los colegios, por su parte, sostienen que deben mantener su estructura de personal y afrontar gastos que no son cubiertos por los aportes estatales. Según explican, los incrementos autorizados resultan necesarios para absorber el impacto de los aumentos salariales, los costos de funcionamiento y otras obligaciones que enfrentan las instituciones para garantizar la prestación del servicio educativo.
