Pese a las medidas adoptadas por los gobiernos de las provincias del norte de Argentina, la deforestación ilegal sigue arrasando con el monte natural, lo que trae aparejado una afectación grave del medioambiente.
jueves 2 de abril de 2026
Pese a las medidas adoptadas por los gobiernos de las provincias del norte de Argentina, la deforestación ilegal sigue arrasando con el monte natural, lo que trae aparejado una afectación grave del medioambiente.
Un informe presentado recientemente por la organización ecologista Greenpeace revela que el total de hectáreas deforestadas en el país durante el año pasado alcanzó las 110.000 hectáreas, siendo Santiago del Estero, con 52.000 hectáreas, la provincia donde más desmontes hubo, con el 80% de la deforestación ilegal), seguida de Formosa (29.290 hectáreas). Chaco presenta una particularidad, según el estudio: disminuyó la cantidad de superficie desmontada (a 18.000 hectáreas, una cifra baja en comparación con años anteriores), pero toda la acción depredadora de la vegetación natural fue en este período ilegal, ya que los desmontes están suspendidos por la Justicia de esa provincia.
Catamarca está entre las provincias de la macrorregión Norte Grande que menos superficie con desmonte de los bosques naturales tiene. El boom de los diferimientos impositivos registrado hacia fines del siglo XX y comienzos del actual, se apagó abruptamente, y de esa manera también los desmontes, que en este caso estaban encuadrados en un marco de legalidad.
Siempre hay sospechas de cierta connivencia de las autoridades con las empresas que van corriendo la frontera agropecuaria, lo que explicaría los escasos controles. Pero, además de la complicidad que debería investigarse, también es cierto que la tala indiscriminada e ilegal se realiza porque las sanciones son muy leves: se aplican multas que, en la mayoría de los casos, los infractores abonan sin problema porque la ganancia obtenida en los emprendimientos es mayor que el monto de la penalidad monetaria.
Por esta razón es que las organizaciones protectoras del medio ambiente impulsan cambios en la legislación, a los fines de agravar el castigo por los incumplimientos. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace señaló, al presentar el informe, que “es muy preocupante el aumento de los desmontes ilegales. Es urgente acabar con esta impunidad, para lo cual se hace necesario que la destrucción de bosques se convierta en delito penal. Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad”.
Las secuelas de la deforestación ya son claramente mensurables. Menos bosques o selvas naturales implican una profundización del cambio climático, un incremento de las inundaciones o de los períodos de sequía, desaparición de especies animales y vegetales, proliferación de algunas enfermedades, además de otras consecuencias de orden social, como el desalojo de comunidades campesinas o de pueblos originarios. Es lo que habitualmente se denomina “ecocidio” y que, opinan los ambientalistas, amerita una reforma del Código Penal.
La gravedad de la situación amerita un amplio debate que propicie los cambios de leyes que sean necesarios para ponerle un freno a estas acciones que producen efectos devastadores para el medio ambiente.