sábado 27 de mayo de 2023

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Cara y Cruz

Duros y colaboracionistas

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Como era de esperar, la propuesta del Gobierno para incorporar representantes de la oposición al directorio de la estatal minera CAMYEN y al fondo fiduciario que administra la renta minera se convirtió en una línea divisoria.

El ingreso del proyecto para modificar la ley de creación de CAMYEN y sumar un director “a propuesta del partido político de la oposición con mayoría de miembros en ambas cámaras del Poder Legislativo”, desató la polémica y estimuló las ya extendidas sospechas de componendas en trastienda.

“El fundamento principal que inspira esta modificación es el hecho de permitir una mayor transparencia en las actividades desarrolladas por CAMYEN. La participación activa de la oposición en el Directorio permitirá el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad, observando el debido cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias”, argumenta el Gobierno.

Pero la iniciativa no habla de oposición o bloques, o minorías parlamentarias, sino de “partido político”.

Como si fuera un traje a medida de la UCR y de su conducción actual, encabezada por Alfredo Marchioli y el castillismo residual, con la línea Morada de Roberto Gómez y Juana Fernández a cargo del Comité Capital ¿Cómo definiría la UCR el representante?

Los bandos empiezan a enfilarse.

Los diputados nacionales Francisco Monti y Rubén Manzi, el senador nacional Flavio Fama, la diputada provincial de su sector Silvana Carrizo y el diputado provincial José “Chichí” Sosa, expresaron su rechazo terminante a la idea, e incluso recordaron que CAMYEN fue objeto de denuncias penales por parte de Juntos por el Cambio. A su criterio, el oficialismo pretende blanquearse complicándolos es una especie de co-gobierno inaceptable.

El “silenzio stampa” del resto, ya con el proyecto concreto para entrar en debate en la Cámara de Diputados, posiciona por defección. La energía de la negativa condiciona a los dialoguistas. Allanarse a lo que sugiere el Gobierno en este contexto acarrearía la inmediata acusación de colaboracionista, un estigma más inconveniente para la etapa que viene, donde la interna se librará a padrón abierto en las PASO, no en el circunscripto universo de los afiliados radicales.

Los que salieron a marcar la cancha son, justamente, miembros de la alianza que ganó las primarias de 2021 y perdieron la interna radical. Los que se mantienen callados son los que perdieron en 2021, pero ganaron la interna.

La distancia respecto del Gobierno, envuelto también en sus propias cuitas intestinas, es lo que marcará el ritmo a partir de ahora: duros o colaboracionistas. El diálogo, para los duros, equivaldrá a traición.

Por supuesto, está por verse la eficacia electoral de este diseño y cuál es la reacción de los supuestos “dialoguistas”, si es que lo hay.

El oficialismo, de cualquier manera, tiene los números suficientes para sancionar la modificación de la ley sin el concurso de la oposición y dejar boyando el cebo para oportunidades menos traumáticas… en caso de que lleguen.

Habrá cumplido con lo prometido, en línea con los elogios a la vocación por el diálogo del presidente de la UCR, Marchioli, que tiene por delante la tarea para nada fácil de administrar tantas tensiones dentro del partido.

En última instancia, lo que continúa indefinido es un liderazgo claro, capaz de inducir o imponer un orden en la oposición, que tiene nada menos que seis precandidatos a gobernador en línea de largada.

Ese o esos liderazgos podrían –es importante el potencial- comenzar a definirse en las PASO.

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