Es preciso hacer una discriminación entre los episodios violentos protagonizados por policías. Están por un lado los de brutalidad cometidos en ejercicio de la función policial, engendrados por una nefasta cultura institucional cuya vigencia fue admitida por el actual jefe de la fuerza, Ángel Agüero, quien al asumir en septiembre de 2020 se planteó como objetivo "cambiar la doctrina policial que se arrastra desde hace varios años”.
Para el entonces recién asumido jefe, había "malas prácticas instauradas en la Policía, y no solo por la pandemia: están instauradas ya. Por eso se debe reforzar la parte de la capacitación y el control de las prácticas en las comisarías, porque en las escuelas (de policía) no se enseña nada malo, sino que a veces el policía sale y se encuentra en la comisaría en donde hay prácticas instauradas que son malas".
La ejecución de esta política de reforma ideológica parece ardua. Frecuentes denuncias de abusos y tormentos perpetrados por policías dan cuenta de las dificultades para aplicarla.
Otro aspecto del fenómeno son los casos, tampoco raros, en los que el efectivo incurre en violencia y abusos en la esfera personal, como el que ocurrió ayer en Saujil, donde el sargento Diego Gastón Ortega baleó con su arma reglamentaria a su expareja y a la hija de ésta.
Ya no se trata de un problema de vicios doctrinarios a erradicar, sino de desequilibrios emocionales y rasgos de carácter de peligrosísimas proyecciones en sujetos dotados de poder y armas; bombas de tiempo que lo mismo estallarían aunque la educación policial fuera impartida por el Mahatma Ghandi.
El asunto acá no pasa por la formación, sino por las deficiencias del sistema para detectar perfiles violentos y perversos en las evaluaciones psicofísicas para el ingreso a la fuerza.
La cuestión ya había sido reactualizada por el policía Julián Suárez, acusado de ultrajar a niñas y adolescentes en Belén, quien se había postulado en 2019 como candidato a intendente del municipio belicho de Villa Vil en representación del Frente de Todos y se desempeñaba como supervisor en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, seguramente debido a sus vínculos políticos.
Como ahora el caso de Saujil, el de Suárez planteaba menos interrogantes sobre la formación de los policías que sobre la evaluación de las personalidades de los aspirantes a serlo o la relevancia que las autoridades le dan al momento de designar efectivos.
Esto, tanto en lo que concierne a la rigurosidad como a la regularidad del proceso, aparte del seguimiento que se hace una vez que el sujeto ya forma parte de la institución, si es que se hace.
Sí quedó al desnudo ayer la continuidad de las prácticas corporativas inconvenientes admitida por el jefe Agüero con el deferente trato de que sus colegas dispensaron al sargento Ortega, muy distinto al que suele reservarse para los reos comunes.
Las consideraciones hacia Ortega desataron incidentes en la Comisaría de Saujil cuando personas cercanas a la víctima advirtieron que el tipo estaba de lo más pancho mateando en el patio pese a la gravedad de los hechos que se le endilgan.
Fue interpretado como una provocación.
Si no lo fue, los encargados de custodiar al sargento exhibieron una menesterosa capacidad para evaluar el estado de ánimo de una sociedad conmocionada por el ataque, circunstancia que ya combinaría las dos categorías utilizadas para clasificar la violencia policial.
Falla de orden institucional, acaso de formación, por un lado, por no considerar la necesidad de tratar de preservar a la Policía del daño devenido de delitos cometidos por una de sus miembros.
Fallas de carácter, por el otro, expuestas en la falta de empatía hacia el círculo de las víctimas.
Cualquiera sea el caso, lo que parece urgente es revisar a fondo no solo la “doctrina”, sino también los métodos de selección de personas a las que el Estado asigna, paradójicamente, el cuidado de sus potenciales víctimas.