Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en que el pedido presupuestario era exagerado.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio despacho favorable al Presupuesto 2026 presentado por el oficialismo provincial, pero dispuso un recorte de aproximadamente 190 millones de pesos al monto solicitado por la Defensoría del Pueblo que conduce Dalmacio Mera. La reducción generó consenso entre legisladores del oficialismo y la oposición, quienes consideraron exagerado el pedido del funcionario.
De esta manera, el financiamiento para la Defensoría no alcanzará los 2044 millones de pesos solicitados por Mera y el monto quedará en 1854 millones. Según el despacho oficial, los 190 millones recortados serán destinados a la ejecución de políticas públicas y de salud mental. El presupuesto del Poder Judicial, por su parte, no sufrió modificaciones y se mantuvo en 148 mil millones de pesos.
Luego de trascender el despacho, el diputado de La Libertad Avanza, Federico Lencina, publicò en sus redes sociales: “Como ya dije, le vamos a meter motosierra a ese presupuesto para que deje de joder Mera”.
El recorte dispuesto por los diputados se produce en un contexto de cuestionamientos previos al manejo de fondos por parte de Mera. En septiembre pasado, el Defensor del Pueblo ya había solicitado un refuerzo presupuestario de 344 millones de pesos al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas para garantizar el funcionamiento operativo de la Defensoría durante el segundo semestre del año fiscal.
Ese pedido generó controversia en la oposición. Desde La Libertad Avanza, la diputada electa, Laura Quintero afirmó que la urgencia en el nombramiento del Defensor del Pueblo era en realidad la urgencia de crear una nueva caja al servicio de Mera y el gobernador Raúl Jalil. Quintero lamentó que salud, educación y los salarios de los catamarqueños tuvieran que esperar mientras se priorizaban los privilegios de los funcionarios.
La designación de Mera en el cargo de Defensor del Pueblo fue duramente cuestionada por la oposición desde un principio. El diputado Tiago Puente denunció una manipulación en el proceso y acusó al Gobierno provincial de querer acomodarle el traje a medida a un compañero que se había quedado sin sueldo tras dejar el Ministerio de Educación.
Puente recordó que la ley que creó la Defensoría del Pueblo fue aprobada en septiembre de 2011 y que habían transcurrido 14 años sin que se cumpliera con el procedimiento legal para la designación del titular. El legislador cuestionó que el oficialismo rechazara tomar estado parlamentario de un proyecto de su autoría que buscaba avanzar con los mecanismos institucionales previstos por la ley.
El Defensor del Pueblo expuso los criterios con los que se elaboró el presupuesto del organismo y afirmó que la institución se sostiene con un esquema de austeridad similar al que tenía el ENRE, tal como había solicitado el gobernador al momento de ponerla en marcha.
Mera recordó que cuando asumió el desafío de activar una ley que llevaba 15 años sin aplicación, el compromiso fue trabajar con los mismos recursos humanos, edilicios y presupuestarios que utilizaba el ente regulador. El funcionario señaló que ese acuerdo se cumplió y que la propuesta elevada este año incluso se ajustó a una pauta más baja que la definida por el Ejecutivo en función de la inflación.
El Defensor del Pueblo indicó que la Defensoría presentó un presupuesto menor al que manejaba el ENRE, que además contaba con ingresos propios derivados de la tasa de verificación del 1,5% en las boletas de los usuarios. Ese monto, dijo, hoy queda en manos de los contribuyentes. Mera agregó que el Ejecutivo les pidió avanzar sin obras ni bienes de capital, pese a los problemas de conectividad y las herramientas tecnológicas obsoletas del organismo.
En cuanto al personal, Mera sostuvo que el organismo funciona únicamente con agentes que ya estaban en planta del Estado. El funcionario explicó que el personal proveniente del ENRE resultó clave por su formación en servicios públicos, mientras que para nuevas áreas se solicita la transferencia de empleados ya pagos por el Estado. Mera afirmó que no se realizaron nuevos nombramientos y que solo evaluarían incorporar a alguien con una especialización muy puntual.
El recorte de 190 millones de pesos dispuesto por la Comisión de Hacienda refleja el consenso alcanzado entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre lo que consideraron un pedido presupuestario exagerado. Tanto diputados que responden al gobernador Jalil como legisladores opositores coincidieron en que el monto solicitado por Mera excedía las necesidades reales del organismo y que era necesario ajustar el presupuesto a criterios de austeridad.n
