La Cámara baja aprobó el proyecto que adapta el Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801. La iniciativa pasa ahora al Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que adecúa el Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia al nuevo marco establecido por la Ley Nacional 27.801, vigente en todo el país desde el 5 de septiembre. La iniciativa fue presentada por los legisladores de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara baja.
La adecuación, sin embargo, llegó después de varios meses de idas y vueltas. La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, con una entrada en vigencia prevista a los 180 días. Recién el 23 de junio, esta Comisión presentó una primera propuesta de adecuación provincial. El 1° de julio, los legisladores de esa comisión se reunieron con representantes del Tribunal Penal Juvenil para avanzar en el texto. El 5 de septiembre entró en vigencia la ley nacional sin que Catamarca tuviera su normativa adecuada. El 23 de septiembre, cuando el proyecto finalmente llegó al recinto, fue retirado y devuelto a comisión por observaciones de redacción y contenido. Seis días después, el 29 de septiembre, fue la Comisión de Legislación General —y no la de Niñez— la que le dio despacho, allanando el camino para la media sanción obtenida ayer.
El proyecto mantiene el fuero especializado para adolescentes de 14 a 18 años al momento del hecho. Para los chicos que estén por debajo de esa edad, la intervención estatal continúa por la vía del sistema de promoción y protección integral de derechos, separado del circuito penal.
Entre las garantías incorporadas figuran la defensa técnica especializada desde el primer acto del proceso, la presunción de inocencia, el debido proceso y la intervención de la asesoría de menores e incapaces, además de la reserva de las actuaciones. Jueces, fiscales, defensores, asesores y equipos interdisciplinarios deberán acreditar formación continua en derechos de infancia, desarrollo evolutivo y justicia restaurativa.
El texto conserva, además, el menú de herramientas de mínima intervención: el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y la remisión. La privación de la libertad queda reservada como medida excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible, y se prohíbe expresamente alojar adolescentes en comisarías o dependencias penitenciarias para adultos.
La diputada María Argerich fundamentó que la reforma no implica crear un sistema desde cero, sino adecuar un fuero especializado que la provincia ya posee desde 2018. Señaló que, durante tres meses, la comisión trabajó con jueces del fuero Penal Juvenil, organismos de niñez y legisladores de distintos bloques para revisar el funcionamiento actual y las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen.
El tratamiento en el recinto incluyó observaciones técnicas. La legisladora Laura Quintero cuestionó contradicciones respecto de la competencia de los jueces de ejecución penal juvenil y advirtió que el proyecto no incorporaba expresamente la figura del supervisor especializado exigida por la normativa nacional, además de plantear ajustes sobre el reemplazo de penas y precisiones sobre los jueces especializados por circunscripción. Tras un cuarto intermedio solicitado para trabajar la redacción, el diputado Exequiel Moreno incorporó la figura del supervisor especializado, encargado del seguimiento y control individual de los adolescentes sujetos a medidas o penas.
También se debatió sobre la infraestructura disponible. El legislador Tiago Puente planteó que la provincia cuenta con un único establecimiento especializado y preguntó qué sucede con adolescentes del interior, de localidades como Belén, Santa María, Tinogasta o Antofagasta de la Sierra. A su turno, el diputado Fernando Baigorrí coincidió en que la aplicación del nuevo régimen requiere operadores preparados y políticas de intervención temprana, antes de que un adolescente llegue a cometer un delito. Tras la votación y la media sanción, el proyecto con más de 200 artículos, continuará su trámite en la Cámara de Senadores para que finalmente sea ley.
Más de 200 artículos. Fuero especializado: adolescentes de 14 a 18 años al momento del hecho. Incorporó sobre la marcha la figura del supervisor especializado, exigida por la ley nacional y ausente en el texto original. Privación de la libertad: excepcional, subsidiaria y prohibida en comisarías o dependencias para adultos.