Aseguran que Claudia Espeche dispuso que el dinero de las cuotas retenidas a los afiliados por los municipios no sea transferido a una cuenta bancaria, para que lo retire la exsecretaria Soledad Carrizo.
Faltando tres meses para que se lleve a cabo una nueva elección de autoridades en el sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la histórica secretaria general del gremio en Catamarca, Claudia Espeche, fue denunciada penalmente por presunta malversación de fondos, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y amenazas coactivas. La acusación fue radicada por la exsecretaria de Finanzas de la institución, Soledad Carrizo.
Se trata de una contradenuncia que fue realizada ayer en Fiscalía General, con el patrocinio legal de los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, y tuvo fuerte repercusión ya que UPCN cuenta con una importante cantidad de afiliados en toda la provincia, con referentes en los departamentos Capital, Santa María, Pomán, Belén, Tinogasta, La Paz, Valle Viejo, Andalgalá y Capayán.
Fuentes judiciales informaron que Carrizo había sido denunciada previamente por Espeche, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos que percibe la delegación local.
Esa denuncia se mantuvo en estricta reserva, pero ayer salió a la luz.
Por su parte, la exsecretaria denunció que, por orden de Espeche, los municipios que actúan como agentes de retención del 2% del sueldo bruto mensual de cada afiliado, dejaron de transferir los montos recaudados a una cuenta bancaria de UPCN supuestamente, para quebrar la trazabilidad bancaria.
Siempre bajo las directivas de la secretaria general, Carrizo fue comisionada para retirar el dinero en efectivo.
Según su testimonio, se negó a realizar los retiros de dinero y, como respuesta, recibió amenazas de ser separada del gremio y expulsada de la administración pública.
En ese contexto, retiró en efectivo los montos de las cuotas recaudadas por dos municipios del interior provincial y se los entregó a su jefa.
Presuntamente, a cambio del dinero, Espeche le hizo firmar 48 pagarés en blanco, bajo amenazas de ser exonerada si daba a conocer la nueva modalidad administrativa.
Poco después, y ante supuestas alertas por irregularidades contables que habrían surgido durante una auditoría efectuada por UPCN Nacional, Carrizo informó al gremio que se retiraría de la gestión y le exigió a Espeche la entrega de los pagarés firmados. La mujer se negó y Carrizo abandonó su función como secretaria.
Siempre según su relato, el 7 de enero de 2026 su jefa la citó al sindicato, donde luego fue encerrada en una habitación junto a otras personas. Ese día, la secretaria general la habría obligado a firmar un escrito solicitando su renuncia y alejamiento total del gremio.
Carrizo denunció estos hechos y además aseguró que Espeche estafó a afiliados que pidieron cambiar de representación sindical o renunciar al descuento de la cuota.
Según la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, los afiliados a un sindicato tienen derecho a desafiliarse cuando lo deseen. Realizado el trámite administrativo, automáticamente debe cesar el descuento de la cuota sindical.
De acuerdo a Carrizo, Espeche le negaba la renuncia a los afiliados que la requerían, aduciendo que, como UPCN les permite realizar compras en cuotas en distintos comercios, no pueden desafiliarse mientras no cancelen la totalidad de las cuotas pendientes.
Finalmente, la exsecretaria denunció a otro integrante de la comisión directiva por amenazas, advirtiendo que también le exigía que no divulgue ni denuncie las presuntas irregularidades. En este marco, lo acusó de supuesto hostigamiento a su hija, a quien habría acosado para amedrentarla.
A través de la Secretaría de Gabinete, el Gobierno de la Provincia le facilitó un subsidio millonario a la Seccional Catamarca de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), para que fuera invertido en obras a realizar en el predio que el sindicato tiene en Nueva Coneta, departamento Capayán. El inmueble también había sido cedido por el Gobierno en 2022.
La medida fue publicada en Boletín Oficial, con la Resolución Nº111 de la Secretaría de Estado de Gabinete, firmada en la última semana del año, el 22 de diciembre, mismo día en el que comenzó el receso administrativo para los empleados públicos.
El dinero fue entregado para la "adquisición de materiales de construcción para la edificación de un salón de acopio y resguardo logístico para el proyecto integral del Predio Recreativo ubicado en la localidad de Nueva Coneta".
El inmueble le fue cedido al gremio por el Gobierno mediante un comodato firmado en 2022.
Delegados de varias áreas del sindicato informaron que allí planean realizar un complejo recreativo y deportivo.
