El Gobierno de Javier Milei denunció ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado desde el pasado 8 de diciembre en el Estado venezolano. Según el comunicado oficial de Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa hacia el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, que defendió la decisión del régimen con relación a la situación de Gallo y aseguró que el argentino participaba de “acciones conspirativas contra la paz republicana”. En su presentación ante el CPI, la administración argentina calificó el secuestro del gendarme como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos” y lo enmarcó dentro de un supuesto “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.
El caso de Gallo es una de las prioridades de la política exterior del gobierno argentino, que reiteró que se utilizarán “todos los recursos legales y diplomáticos” disponibles con el objetivo de garantizar los derechos del gendarme argentino y “exigir justicia en el ámbito internacional”.
El pasado fin de semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a reclamar por la situación de Gallo, calificó a Tarek William Saab de “criminal y antisemita”, y rechazó la versión de una “conspiración” contra la dictadura encabezada por Maduro.
