Por Carlos Bulacio.
martes 10 de septiembre de 2024
Seis querellantes apelaron un dictamen del juez Argibay y todos faltaron a la audiencia de presentación de agravios, retardando la tramitación de la causa, generando gastos y retrasos.
Por Carlos Bulacio.
A principio de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitió dictamen resolviendo las apelaciones presentadas por seis querellantes y la Fiscalía Federal N°2 de Catamarca -a cargo Rafael Vehils Ruiz-, sobre la ampliación de procesamiento realizada por el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa RT Inversiones.
En el fallo, al que pudo tener acceso este diario, los jueces de Cámara dieron por "desistidos" los recursos de apelación interpuestos oportunamente por los seis querellantes.
Los cinco magistrados remarcaron que los seis representantes de los intereses particulares de personas damnificadas fueron notificados de la fecha de audiencia en la cual debían presentar sus informes de agravios (razones y argumentos de sus reclamos), pero ninguno concurrió.
"Ante ello (...) corresponde que se tengan por desistidos los recursos de apelación por ellos impetrados", sentenciaron.
Subrayaron además que "como ya se expusiera en otras oportunidades, la realización de la audiencia genera una carga procesal para la parte que ha acudido a la vía recursiva a efectos de obtener la revisión de una resolución, que no lo beneficia".
En este punto remarcaron: "Siendo que una carga procesal se rige por el propio interés, la falta de agravios respecto al decisorio impugnado hace presumir su apatía frente al recurso deducido, habilitando de tal modo la sanción prevista por el Código Procesal Penal de la Nación".
Efectivamente, los jueces realizaron idéntico planteamiento en resoluciones anteriores de esta causa, la de Edgar Bacchiani y otras que investigan millonarias criptoestafas.
Otras fuentes explicaron que se trataría de maniobras tendientes a retrasar la tramitación de las distintas causas.
En marzo de 2023, el juez Argibay dictó la falta de mérito para todos los imputados por el delito de "asociación ilícita".
En su apelación, Vehils Ruiz pidió que los Bulacio-Nieva (dueños de la financiera) y sus laderos sean procesados por asociación ilícita luego de establecer que crearon una organización de más de tres personas.
Según el fiscal, la organización del clan estuvo “montada sobre un espectro societario y múltiples emprendimientos comerciales con apariencia de legalidad, a los fines de hacerse ilícitamente de dinero para diversos fines".
La estructura societaria para la toma de decisiones -encabezada por Edgardo Bulacio e integrada por los imputados con roles claramente predispuestos, "estaba perfectamente diseñada para que todos los participantes cumplan con un aporte determinado”.
Al detectarse fuertes fluctuaciones de dinero con importantes pérdidas mientras los principales imputados se encontraban detenidos, el Ministerio Público Fiscal consideró que “Gonzalo Barone sería una parte más de todo el entramado criminal organizado con el fin de colocar y ocultar el dinero ilegítimamente adquirido mediante el fraude y la captación de dineros de origen ilegal".
"Su rol estaría direccionado a disfrazar de manera intencional parte del patrimonio de Bulacio, quien habría destinado todo a una persona con quien tiene una relación de cercanía y, por tanto, corresponde subsumir la inconducta de Gonzalo Agustín Barone en las previsiones de los delitos de estafa, intervención financiera no autorizada y asociación ilícita”.
En la resolución de la Cámara -que respaldó la investigación fiscal-, se indicó que Alicia Estela Nieva (madre de Edgardo Federico Bulacio alias "Edgardito" y esposa de Edgardo Edmundo Bulacio), no podía desconocer las actividades de RT Inversiones en su calidad de socia.
Además, se estableció que los dos hombres tenían roles determinantes en la asociación ilícita.
Víctor Ariel Vergara, Exequiel Matías Rolón Reynoso, Eduardo Antonio Navarro, Esteban Cabello, Sergio Ramón Arévalo, Jerónimo Martínez Parada fueron los demás procesados.
En abril de este año se conoció que el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial, de Ejecución y de Quiebras de Primera Nominación de Catamarca verificó deudas por más de 6.000 millones de pesos en la causa por la quiebra de la financiera RT Inversiones, perteneciente al clan Bulacio-Nieva.