lunes 1 de agosto de 2022

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Editorial

Demora inexplicable

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20 de julio de 2022 - 01:05

Los avances de la ciencia, incluso aquellos que logran salvar vidas, no se aplican por arte de magia en la vida cotidiana, y no benefician de manera automática a las personas. Son imprescindibles estructuras públicas que los administren eficientemente y protocolos de actuación bien diseñados para que se apliquen según criterios de equidad.

En materia de salud pública hay procedimientos de no tanta complejidad que han demostrado ser eficaces y que sin embargo no tienen un uso generalizado por ausencia de reglas precisas para su aplicación. En algunos casos se necesita la sanción de leyes, pero eso tampoco parece a veces suficiente.

Con siete años de demora, el Ejecutivo Nacional reglamentó recientemente la Ley 27159, que garantiza la prevención integral de la muerte súbita. La necesidad de una ley, y de su reglamentación, se explica por el establecimiento formal de un procedimiento para que la desfibrilación, que es el modo en que puede salvarse a una persona que ha sufrido una muerte súbita, pueda aplicarse a tiempo. Está comprobado científicamente que si la desfibrilación se aplica durante los primeros tres o cinco minutos, el porcentaje de vidas que se salvan ronda el 70% de los casos.

La reglamentación de la ley obliga a los sitios públicos y privados de acceso público con una concentración que supere a las 1.000 personas por día a contar con un Desfibrilador Automático Externo (DEA) como mínimo, ubicado en una localización adecuada.

La reglamentación prevé, además, la capacitación en el uso de los desfibriladores, que no necesariamente debe ser manipulado por un profesional de la salud, sino también por cualquier persona que reciba las instrucciones adecuadas. Las capacitaciones deberán impartirse en instituciones de todo tipo y también en las escuelas.

La Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca define a la muerte súbita como “la aparición repentina, rápida e inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado.”. La institución explica que “la víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos”. Y menciona, como tratamiento eficaz, a la desfibrilación: “Consiste en administrar al corazón una descarga eléctrica controlada con un dispositivo que se conoce como desfibrilador. Básicamente, lo que hace este dispositivo es descargar la actividad eléctrica de todas las células del corazón a la vez. Lo habitual es que al reiniciar ‘desde cero’ la actividad del corazón, este recupere su ritmo habitual normal”.

Resulta muy difícil de explicar la demora en la reglamentación de la ley, falencia que involucra tanto a la actual gestión nacional, que ya transita su tercer año, como a la anterior, que gobernó entre 2015 y 2019. Es de esperar que la ley se aplique según lo previsto, de modo que puedan salvarse vidas que, de otro modo, se perderían indefectiblemente, pese a que la solución no demanda gastos inaccesibles.

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