La fiscal auxiliar había pedido penas de cumplimiento efectivo para los tres acusados de comercializar drogas.
“La acusación debe ser claramente válida”, advirtió el abogado defensor Pedro Vélez, al momento de tomar la palabra. Ayer, en el Tribunal Oral Federal (TOF), continuó, con la instancia de alegatos, el debate que comenzó el miércoles último, que tiene a tres imputados compartiendo el banquillo de los acusados. Ariel Antonio Aragón llegó imputado por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Junto con él, se encuentra su pareja Abi De la Fuente, imputada por “tenencia de estupefacientes agravada por la participación de un menor de edad” y Víctor Hugo Toledo, también imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El Tribunal está integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Enrique Lilljedahl y Federico Bothamley (quien participa a través de videoconferencia). El Ministerio Público Fiscal Federal es representado por la fiscal federal auxiliar María Correa. La defensa es ejercida por el abogado del foro local Pedro Vélez (en representación de Aragón y Toledo) y por el defensor oficial federal, Hugo Vizoso, quien asiste a Toledo.
En la primera jornada, los imputados dieron una confesión, aunque con algunos matices. A la vez, los testigos dieron cuenta de la investigación y los allanamientos realizados.
La fiscal auxiliar federal María Correa, en su alegato, destacó que “Aragón reconoció los hechos y su responsabilidad. De la Fuente, admitió que involucró a su hijo (un chico de 13 años). No sólo conocía (su pareja) sino que tenía una participación activa”, señaló.
A la vez, la representante del Ministerio Público Fiscal Federal consideró que “resulta increíble que (una madre) no asuma su responsabilidad y envía a su hijo de 13 años solo a buscar droga. No asumió el propio riesgo y mandó a su hijo –quien no tendría consecuencias directas-”, advirtió. Para la fiscal Correa, surge el agravante al utilizar a su hijo adolescente.
De la prueba obtenida, se observó que el allanamiento posterior dio resultado positivo y las escuchas telefónicas daban cuenta del vínculo comercial entre Aragón y Toledo.
“Se trata de un delito de peligro para la salud pública. Comercializaban para poner la droga en circulación. Toledo era parte de la cadena de comercialización. Era un ‘trafi-adicto’ –se había reconocido como consumidor-. Aragón despreció la oportunidad de resocialización, poniendo en riesgo a su familia. Es reincidente. También se aprovechó de su hijo”, sostuvo.
Con relación a De la Fuente, valoró el reconocimiento parcial que hubo efectuado la acusada. No obstante, remarcó que también “era parte de la cadena de comercialización”.
La fiscal Correa mantuvo la acusación para los tres imputados. Para Toledo, pidió una pena de cuatro años, multa económica y prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme. Para Aragón, pidió una pena de seis años de prisión y que sea declarado reincidente por primera vez. A la vez, solicitó que se compute una pena anterior y cumpla una pena única de nueve años. En tanto que para De la Fuente, solicitó una pena de seis años de prisión, más multa económica y, con perspectiva de género, planteó que la pena sea de cumplimiento efectivo en el domicilio. Por último, solicitó que se remitan actuaciones judiciales a la Justicia provincial por “tenencia de arma de fuego” por parte de Aragón.
Defensores
El defensor Vizoso consideró que no se acreditó la comercialización por parte de su asistido. A la vez, remarcó que Toledo no tiene antecedentes y que la cantidad secuestrada fue mínima. Al respecto, señaló que la jurisprudencia sostiene la inconstitucionalidad de la tenencia mínima. “Resulta inadmisible una pena de cuatro años para un consumidor si no se acreditó la comercialización”, sostuvo y pidió la absolución para su asistido.
A su turno, el abogado Pedro Vélez remarcó que la representante del Ministerio Público Fiscal Federal en el debate en cuestión es “fiscal auxiliar”. Por ello, planteó la nulidad de la acusación. “El fiscal General (Rafael Vehils Ruiz) debió estar sentado”, sostuvo. Ante la falta de acusación fiscal –propiamente dicha- pidió la absolución para sus asistidos.
No obstante, de manera subsidiaria pidió para De la Fuente, la absolución. A la vez, consideró que sufre una “pena natural” por la pérdida del hijo que llevaba en su vientre. “Es víctima de una presión. Es una mujer (madre, vulnerable y embarazada) sometida a una estructura patriarcal”, precisó.
En tanto que, para Aragón, no pidió la absolución porque confesó que obligó a su pareja a buscar droga. Para su defendido solicitó una condena morigerada: una pena de tres años de cumplimiento efectivo, que se le dé por cumplida la condena y la inmediata libertad o, en su defecto, la prisión efectiva hasta que el fallo quede firme. “El imputado tuvo dos penas naturales: el fallecimiento de su hijo por el accionar ilícito directo y el deterioro de su salud en el Servicio Penitenciario, que terminó con varias patologías”.
Según el defensor, “la miseria, la necesidad, la falta de trabajo y la familia numerosa”, los llevó a esta situación.
Luego, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. El miércoles próximo se reanuda la audiencia.
