Una polémica que amenaza con escalar generó la insólita decisión del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo...
Una polémica que amenaza con escalar generó la insólita decisión del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de emitir un decreto con el que instruye a las escuelas secundarias para que expulsen a los alumnos que participan en peleas callejeras, impidiéndoles además que se reincorporen en cualquier otro colegio por lo que quede del ciclo lectivo. La medida de Jaldo se produce luego de conocerse el enfrentamiento entre alumnos de una escuela privada con estudiantes de una escuela estatal a raíz de diferencias respecto del financiamiento de la educación pública.
Resulta paradójico que la violencia alentada por mensajes agresivos disparados desde el poder político intente ser resuelta por el poder político, en este caso el provincial de Tucumán, con una medida que restringe el derecho a la educación de los adolescentes.
El decreto también habilita a la policía a detener a los chicos, incluye sanciones contra los padres de los estudiantes belicosos si es que se desempeñan en el ámbito de la administración pública y el corte de los subsidios a los colegios privados si sus alumnos participan de las riñas.
Hay obviamente coincidencia generalizada respecto de que no pueden tolerarse este tipo de peleas callejeras. Pero el método al que apeló el mandatario de la vecina provincia es, cuanto menos, sumamente cuestionable, pues pasa por arriba de consensos edificados trabajosamente respecto de la modalidad de abordaje de los conflictos entre adolescentes en el ámbito educativo. De hecho, apenas se conoció, el decreto fue cuestionado por expertos y por personas de distintos ámbitos. La Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Nación, por ejemplo, alertó sobre su carácter inconstitucional. También mereció el repudio de la agrupación Mujeres Peronistas a través de un escrito que firma, entre otras, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del mismo modo que fue rechazada por la Defensoría de Niños, niñas y adolescentes de Tucumán y la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
Existe abundante normativa nacional e internacional a la que Argentina ha adherido en las últimas décadas que ratifica que el Estado en todos sus niveles debe garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, la cual debe incluir, naturalmente, el derecho a la educación. Este derecho se vería claramente vulnerado si se aplica el decreto de Jaldo, que propicia sanciones que impedirían, de concretarse, la continuidad de adolescentes en el sistema educativo, expulsándolos de él.
Las propias escuelas poseen mecanismos y protocolos de resolución de conflictos sin necesidad de que se llegue a negarles a alumnos que cometen faltas disciplinarias el derecho a continuar aprendiendo.
La paradoja es que el decreto tucumano, en vez de promover una resolución pacífica, responde con violencia al problema de las peleas callejeras entre estudiantes.
