Declaran nulidad en causa de "estafa y encubrimiento"
La Cámara de Apelaciones en lo Penal declaró la nulidad del decreto del hecho. Hay tres detenidos.
Investigación. Cinco personas denunciaron hechos fraudulentos.
Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortes declaró la nulidad del decreto del hecho, con relación a la “Banda de la Policía”. El Tribunal de Alzada estuvo integrado por los jueces Edgardo Álvarez, Elena Berrondo Isí y Fernando Esteban. Por este hecho, tres imputados por "estafa, encubrimiento y estelionato" por la venta, en Catamarca, de autos robados en la provincia de Córdoba se encuentran detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, de Capayán, desde hace más de dos meses. A la vez, el Tribunal dispuso un plazo de 30 días a efectos de que los operadores judiciales de Recreo, La Paz, efectúen el pertinente tratamiento legal.
En septiembre último, José Burgos, Gerardo Acosta y su hermano cabo de la Policía de la Provincia, Cristian Acosta -recientemente fue pasado a disponibilidad por la fuerza de seguridad-, fueron detenidos y acusados de haber participado de cinco hechos de “estafa”, “estelionato” y “encubrimiento”. Los acusados son asistidos por el abogado del foro local Luciano Rojas.
Los denunciantes aseguraron haber sido estafados al realizar la compra-venta de automotores. De los cinco damnificados, al menos tres están relacionados con la Policía y uno es docente. Tras una serie de procedimientos, se logró secuestrar vehículos que contaban con pedido de secuestro emitidos por la Justicia de la Provincia de Córdoba.
A partir de las denuncias, se realizó la investigación que derivó en el secuestro por parte de la División Automotores de la Brigada, y efectivos de la Comisaría de San Antonio, de varios vehículos robados, y dos autos que habían sido entregados en parte de pago por los denunciantes.
De acuerdo con los primeros testimonios y las pericias preliminares, la banda habría sido liderada por el cabo Acosta, quien habría utilizado su condición de efectivo activo de la fuerza de seguridad para inducir las ventas de vehículos que contaban con pedido de secuestro emitidos por la Justicia de Córdoba, por robo. Los damnificados catamarqueños entregaron vehículos usados e importantes sumas de dinero como parte de pago, a cambio de las unidades cordobesas. El área de influencia de la banda se habría extendido inclusive a localidades ubicadas en inmediaciones de la triple frontera con Santiago del Estero y Córdoba.
Los tres hombres, de entre 25 y 35 años, al momento de la indagatoria se mantuvieron en silencio. En octubre se dictó la prisión preventiva y la defensa apeló. Recientemente, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad del decreto del hecho y los operadores judiciales recreínos deberán acomodar el expediente para que la causa avance.