La jueza federal María Servini declaró nula la intervención dispuesta por el Partido Justicialista Nacional en el distrito de Salta. La medida había sido propuesta por Cristina Fernández de Kirchner, con el apoyo de sectores kirchneristas del partido y fue interpretada como una represalia ante la votación de diputados justicialistas de la provincia, que respaldaron iniciativas del presidente Javier Milei en el Congreso.
La resolución surge a raíz de una presentación realizada por el presidente del PJ salteño, Esteban Amat Lacroix, quien solicitó la nulidad absoluta de la decisión de intervención, así como una medida cautelar urgente para suspender sus efectos mientras se resolvía el caso. Sostuvo que la intervención carece de una causa justa y lícita, calificándola de "ilegal y arbitraria" y argumentó que la verdadera causa, "pretendidamente oculta y oscura", sería "amedrentar a las autoridades partidarias provinciales que acompañaron a la lista opositora en el proceso electoral partidario nacional" y "tomar el control de los partidos distritales para desplazar sus autoridades legítimas".
La decisión de la Justicia destacó que la intervención no fue decidida por el Congreso Nacional, el órgano natural para adoptar dicha medida y fue advertido por el Procurador Fiscal Electoral en su dictamen, concluyendo que la intervención decidida por el Consejo Nacional Federal "aparece en los términos de lo establecido por la Carta Orgánica, fuera de sus atribuciones, circunstancia que pugna su validez".
Analizando los fundamentos del Consejo Nacional, el Juzgado consideró que estos argumentos "no constituyen una fundamentación razonable de la decisión de intervenir el distrito". Por lo cual, señaló que carecen de "elementos concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza y revelan únicamente la diferencia de criterios entre la entidad distrital y la nacional", por lo que resolvió declarar la nulidad de la intervención.n
