Argentina ocupa el puesto 49° entre 60 países del mundo en lo que respecta a la prevención y respuesta al abuso y la explotación sexual en la infancia y adolescencia, según un informe, denominado “Fuera de las Sombras”, elaborado por la organización Red por la Infancia. El trabajo, que fue presentado días pasados ante la Comisión Bicameral de Defensa de los Derechos de la Niñez del Congreso de la Nación, expone algunas fortalezas que tiene el país en la materia, pero fundamentalmente los déficits, con lo que constituye un aporte concreto a la posibilidad de que se apliquen políticas públicas concretas para revertir la situación.
Entre los aspectos positivos de la Argentina en materia legislativa, el estudio menciona la adhesión a las convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez e infancia, la vigencia de leyes de apoyo a víctimas (no se penaliza a las víctimas de trata y los delitos contra la integridad sexual no prescriben), la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la garantía de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Y entre los déficits la falta de tipificación de algunos delitos, como la compra y venta de niñas, niños y adolescentes, así como la explotación sexual en el marco de la industria del turismo, “que está subregistrada y subdimensionada en nuestro país”, según el informe.
Pero más allá del aspecto legislativo, el listado de las deudas es mucho más largo. Se destaca, según mencionó en la exposición ante los diputados y senadores nacionales Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia, “la falta de elaboración de un plan nacional integral conformado por políticas públicas con presupuesto adecuado y la producción de datos de prevalencia, lo que habla del compromiso real del Estado en comprender y responder el problema”. “Tampoco se cuenta con un sistema de registro y monitoreo de la prevalencia de casos que permita demostrar el compromiso del Estado en comprender y abordar el problema”, añadió.
Uno de los déficits señalados es la inexistencia de políticas o programas que estén orientadas a la recuperación de las víctimas. Es decir, hay respuestas inmediatas ante un hecho denunciado, pero en el largo plazo no hay un acompañamiento sistemático a las víctimas. Hay una escasez de centros especializados para el abordaje de las víctimas y no está establecido en la normativa nacional el derecho a la reparación económica.
La erradicación de las diferentes formas de violencia (sexual, física, emocional, psicológica) contra niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad absoluta y motivo de la estructuración de programas que tiendan a corregir los errores existentes y subsanen los déficits legislativos y de políticas públicas. La protección integral de niñas, niños y adolescentes deben ser mucho más que un título de una norma, por más abarcativa y progresista que sea.n
