Pese a la condena, “Gordo Richard” Altamiranda mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme.
“Hace seis años me dedicaba a la venta de automotores. También consumía. Hace tres años y medio dejé de consumir…”, dijo Héctor Ricardo “Gordo Richard” Altamiranda en su última palabra, antes de escuchar el veredicto. Se quebró y se mantuvo en silencio unos minutos. “Eso es todo”, remarcó.
El juez Enrique Lilljedahl presidió la audiencia unipersonal en el Tribunal Oral Federal (TOF). El magistrado halló culpable a Altamiranda en el delito de “tenencia de estupefacientes para la comercialización” y lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión, más el pago de una multa y lo declaró reincidente. No obstante, mantiene la libertad hasta que el fallo quede firme.
Diego Hernán “Diegolín” Bazán también ocupó el banquillo de los acusados del TOF. “Estoy sin palabras. Soy inocente. Tengo una adicción. Jamás vendí drogas pero sí consumo”, expresó minutos previos a escuchar el veredicto. El magistrado lo declaró culpable por el delito de “tenencia simple” y lo condenó a tres años de prisión en suspenso. A la vez, el juez le fijó pautas de conducta.
En la instancia de alegatos, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz indicó que “el hilo conductor siempre fue el mismo: compradores y pasamanos… Me puedo armar un equipo de fútbol” –en referencia a otros sindicados-.
Además, remarcó que la prueba contra Bazán cayó porque unos compradores no lo reconocieron. Por ello, consideró que quedó probada la tenencia para consumo personal. “No queda otra alternativa”, advirtió.
En relación con Altamiranda, remarcó que había indicios de peligrosidad porque fue allanado en varias ocasiones y continuó con esta conducta. Para el fiscal, hubo “perseverancia para incumplir”.
Para “el Gordo Richard” pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión, el pago de multa y la declaración de reincidencia por segunda vez por “tenencia de estupefacientes para la comercialización”. Para Bazán, pidió una pena de tres años de prisión en suspenso por “tenencia simple”.
A su turno, Pedro Vélez, abogado defensor de “Diegolín” Bazán consideró que hay “marcadas diferencias” entre los representantes del Ministerio Público Fiscal Federal. “Se dio en los hechos un cambio de calificación. La investigación no se direccionó. Tienen la pelota en la línea y no la empujan para hacer el gol”, indicó. A la vez, sostuvo que “no hay responsabilidades colectivas, familiares o barriales”, por lo que consideró que la acusación limitaba el ejercicio de la defensa. “Corresponde la absolución”, advirtió.
Respecto a la investigación, el defensor sostuvo que hay costumbre en “que el trabajo lo haga la Policía. La Fiscalía es la escribanía de la Policía”, cuestionó. Finalmente, pidió la absolución para su asistido.
Expediente
La causa que llevó a Altamiranda al banquillo de los acusados es del 29 de enero del 2020, cinco días después de que el exjefe de Drogas Peligrosas Carlos Kunz y su segundo Nolbero “Rulo” Valdez cayeran detenidos por su presunta participación junto a organizaciones criminales. Ambos se encuentran procesados a la espera del juicio oral.
Altamiranda fue detenido junto a Diego Hernán “Diegolín” Bazán tras una serie de allanamientos en los que se detectó que ambos sujetos se dedicaban a la venta de estupefacientes. En los procedimientos la cantidad de cocaína incautada fue exigua pero sí encontraron una gran cantidad de dinero que era producto de la venta.
Como sucede en las causas por narcotráfico, las escuchas telefónicas jugaron un papel determinante en la investigación sumado a que Altamiranda ya contaba con una condena previa. En el 2017, “Gordo Richard” había sido condenado a cuatro años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” luego que le encontraran en su casa de Lavalle al 1000 más de 260 gramos de cocaína. Debido a un problema de salud, Altamiranda cumplió la pena con prisión domiciliaria hasta que en el 2020 fue otra vez detenido.
El nombre de Altamiranda salió a la luz tras las detenciones de Kunz y Valdez, el 24 de enero del 2020. Este último era investigado desde fines del 2018 a raíz de un procedimiento sospechoso, cuando fue sorprendido por sus colegas de Seguridad Vial en cercanías del puesto caminero de El Portezuelo junto a una persona a la que calificó como “datero”.n