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Editorial

Coparticipación: reforma solo si corrige asimetrías

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a emitir un fallo acerca de la quita a la Ciudad de Buenos Aires...

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5 de julio de 2022 - 00:15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a emitir un fallo acerca de la quita a la Ciudad de Buenos Aires de un monto equivalente a 1,2 puntos de la coparticipación por parte del Gobierno Nacional, que decidió recuperar lo que la gestión de Cambiemos le había cedido en 2016 al distrito que gestiona Horacio Rodríguez Larreta.

Ante la probabilidad de que la resolución del máximo tribunal sea favorable a CABA, el resto de las provincias, en particular las que gobierna el justicialismo, se prepara para dar pelea a los fines de lograr lo que consideran “una distribución equitativa de los fondos nacionales”. De hecho, la recientemente Liga de Gobernadores peronistas tiene esa reivindicación entre sus objetivos.

El reparto de la coparticipación presenta, a primera vista, inequidades. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), consigna que la provincia de Buenos Aires recibió el equivalente a $21 mil por habitante, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $28 mil y el resto de las provincias en promedio $48 mil por habitante. Claramente la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada, pues recibe la mitad que el resto de las jurisdicciones. También CABA, aunque este distrito tiene amplias ventajas comparativas respecto del resto porque recibe cifras del gasto público nacional muy por encima del promedio general. Además, el ingreso por habitantes de la capital de la Argentina es muy superior al de las provincias.

Entre las provincias más beneficiadas se encuentra Catamarca, que recibe un punto de coparticipación extra negociado entre Raúl Alfonsín y Vicente Saadi, cuando en 1987 presidía la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado nacional, con mayoría justicialista.

La coparticipación federal tiene como propósito eliminar las enormes asimetrías regionales que existen en Argentina, pero en la actualidad el sistema goza de evidentes distorsiones que deben corregirse.

La Constitución nacional reformada en 1994 incluyó una cláusula transitoria que obligaba a la sanción de una nueva ley de coparticipación federal antes de que finalice 1996. Han transcurrido más de 25 años y esa norma no se aprobó, y el debate continúa estancado. Uno de los escollos es que la nueva ley debe salir con el apoyo unánime de las provincias, lo cual torna utópico el consenso.

Las provincias beneficiadas con la actual ley, que además se encuentran en el lote de las más marginadas históricamente por el diseño de un país injusto y macrocefálico, que beneficia al puerto y a la región de la Pampa Húmeda, no cederán lógicamente esa ventaja si no hay garantías de que habrá aportes automáticos, no supeditados a la arbitrariedad del gobierno central, que compensen lo que se pierda si la ley se modifica.

Cualquier reforma del régimen que pretenda implementarse deberá no solo tener consenso unánime, sino un criterio de distribución que verdaderamente corrija las asimetrías regionales estructurales que son propias de la Argentina.

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