La salud pública constituye uno de los ámbitos en los que las decisiones de gobierno deberían estar guiadas menos por convicciones ideológicas que por el conocimiento acumulado por la ciencia y por la experiencia internacional.
En ese contexto resulta preocupante que el Gobierno nacional impulse la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida por la incorporación del etiquetado frontal en los alimentos, precisamente cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaba de advertir que la Argentina atraviesa una "crisis de malnutrición en todas sus formas" y que, lejos de retroceder, el país necesita fortalecer este tipo de herramientas.
El incremento de la pobreza registrado durante los últimos meses vuelve a colocar a millones de argentinos frente al dilema cotidiano de priorizar el precio por sobre la calidad nutricional de los alimentos. Se consume aquello que resulta más accesible, aunque muchas veces sea menos saludable.
En semejante escenario, privar a los consumidores de información sencilla, visible y fácilmente comprensible acerca de los excesos de azúcares, sodio, grasas o calorías presentes en los alimentos constituiría un retroceso difícil de justificar.
Estudios recientes muestran que seis de cada diez argentinos modificaron sus hábitos de consumo desde la implementación del etiquetado frontal. Muchos redujeron la compra de productos con sellos de advertencia, otros dejaron de adquirirlos y una proporción significativa los reemplazó por alternativas nutricionalmente más convenientes.
La legislación, además, posee un alcance mucho más amplio que la simple incorporación de octógonos negros en los envases. También regula la publicidad dirigida a niños y adolescentes, limita determinadas estrategias de marketing para productos con excesos de nutrientes críticos y promueve entornos escolares más saludables.
Por cierto, ninguna norma constituye por sí sola la solución definitiva frente a un problema tan complejo como la malnutrición. El etiquetado frontal no reemplaza la educación alimentaria, ni las políticas destinadas a reducir la pobreza, ni las estrategias para garantizar el acceso a alimentos frescos y nutritivos. Pero representa una herramienta valiosa dentro de un conjunto de medidas que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población.
En tiempos en que las restricciones económicas obligan a millones de familias a revisar cada compra con extrema atención, eliminar uno de los pocos instrumentos que facilitan decisiones más informadas parece ir en sentido contrario a las necesidades sociales.
Por ello, sería deseable que el gobierno del presidente Javier Milei atienda las advertencias formuladas por la FAO y valore la evidencia científica acumulada antes de avanzar sobre una legislación cuyos resultados comienzan a ser visibles. En materia de salud pública, los consensos construidos sobre el conocimiento especializado merecen ser preservados antes que reemplazados por decisiones de carácter ideológico.