Una de las propuestas del candidato presidencial más votado en las PASO del domingo, Javier Milei, es eliminar la coparticipación federal de impuestos. Se trata de una de las reformas de tercera generación planteada por el dirigente libertario que piensa aplicar en caso de ser presidente, según el documento “Diagnóstico y Plataforma Nacional Electoral”, que presentó ante la Cámara Nacional Electoral.
La coparticipación, un mecanismo que ya tiene casi cien años de vigencia en la Argentina, aunque menos tiempo regulado por ley, procura corregir desequilibrios que resultan del diseño de un país, empezado a moldear durante el siglo XIX, estructuralmente injusto y desigual. Se trata de un sistema de transferencias automáticas diarias que se determinan según criterios marcados por la ley respectiva, que rige desde 1988. En el reparto de los fondos coparticipables no hay arbitrariedad, como sí lo hay en los Aportes del Tesoro Nacional, que se deciden de manera discrecional.
Si la coparticipación apunta a reducir los desequilibrios que produce un país desigual, con regiones ricas que tienen mucha infraestructura pública y recursos naturales abundantes y otras que tienen menos recursos naturales y escasa infraestructura pública, se infiere que son las provincias más pobres las que se benefician mayoritariamente con el régimen de coparticipación federal, y las que más sufrirían un fuerte desfinanciamiento si el sistema desaparece. Catamarca, claramente, es una de ellas.
Los fondos coparticipables representan, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el 74% de los ingresos totales de la provincia. Apenas más alto que el porcentaje de Chaco y el mismo de San Luis, Jujuy y Formosa. En el caso de La Rioja, la coparticipación representa el 76% de sus ingresos. La jurisdicción más dependiente es Santiago del Estero: 80%.
Salvo San Luis, de la región Cuyo, el resto de las provincias mencionadas pertenecen a la región del Norte Grande argentino. La dependencia de la coparticipación debe atribuirse a las condiciones desventajosas de la región en cuanto a las oportunidades de desarrollo, respecto, por ejemplo, de la Pampa Húmeda.
La desaparición del régimen de coparticipación es, además de una condena a muerte financiera de la mayoría de las provincias, inviable políticamente. La ley de coparticipación debería haberse modificado, según una cláusula transitoria de la Constitución Nacional reformada en 1994, a más tardar en 1997. Y este cambio no se puede efectuar porque requiera de la adhesión unánime de todas las legislaturas de las provincias. Si resulta imposible modificar una ley que ya tiene 35 años, mucho más lo es derogarla, sabiendo las consecuencias desastrosas que traería aparejada esa medida para el grueso de las jurisdicciones subnacionales.
Además de la justicia de las medidas que se prometen, es preciso considerar la viabilidad política de su aplicación. De otro modo son solo consignas vacías de contenido.