El caso de Maricarmen, en España, la mujer que falleció luego de ser desalojada, volvió a poner en el centro de la agenda global el problema de la crisis de vivienda, es decir, la dificultad creciente de millones de personas para acceder a una vivienda digna o, aun teniéndola, para sostenerla sin resignar lo esencial.
Argentina no solo no escapa a esa problemática, sino que ocupa un lugar preocupante en el mapa mundial. Un informe elaborado por la organización Hábitat para la Humanidad, que abarcó a 22 países, ubica a la Argentina al frente del ranking de los que ofrecen peores condiciones a sus habitantes. Solo en el último año, 8 de cada 10 inquilinos debieron recortar gastos básicos para poder pagar el alquiler, una proporción que supera el promedio global.
El estudio agrega otros datos que ponen de relieve el deterioro. Dentro de ese universo, casi 4 de cada 10 argentinos se vio en la urgencia de recortar alimentos y compras esenciales, mientras que un número similar tuvo que echar mano de sus ahorros. A su vez, 1 de cada 3 aumentó las horas trabajadas para reforzar ingresos golpeados por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Es decir: se come menos, se ahorra menos y se trabaja más para conservar el mismo techo.
La derogación, por decreto, de la Ley de Alquileres por parte del gobierno de Javier Milei se presentó como la receta que liberaría al mercado de supuestas distorsiones. El resultado fue una mayor cantidad de ofertas de viviendas en alquiler, pero también una suba vertiginosa de los precios. Según las estadísticas oficiales, los alquileres treparon entre un 400 y un 550% hasta agosto de este año, mientras que la inflación general lo hizo en un 335%.
A esa escalada de los alquileres hay que sumarle la caída de los ingresos. La combinación explica con claridad por qué los inquilinos recortan gastos básicos, incluidos los destinados a la compra de alimentos, para poder hacer frente al pago mensual.
En el deterioro de la situación de quienes ya tenían dificultades para acceder a una vivienda digna gravita también el ajuste practicado por la gestión libertaria. El propio informe lo señala: “El desmantelamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la suspensión del financiamiento a través del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU) han detenido muchos proyectos de mejora en los barrios populares. Para los hogares que ya enfrentan una peor calidad de vivienda y una tenencia insegura, la pérdida de estos programas corre el riesgo de agravar las desigualdades”.
Los crecientes costos de la vivienda obligan, en definitiva, a reorganizar toda la economía familiar. Y lo hacen con más dureza en países como la Argentina, donde la política oficial fomentó la desregulación total del mercado inmobiliario y desmanteló las pocas herramientas que existían para atender un problema cada vez más urgente. Dejar librado el problema del acceso a un derecho básico a la lógica exclusiva de la oferta y la demanda no solo no lo resolvió, sino que lo profundizó.
Por eso resulta imprescindible que se implementen políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda, que en la Argentina tiene, desde hace muchísimo tiempo, rango constitucional.