La modificación al contrato del Proyecto Fénix incorporó una particular cláusula anticorrupción que, según advirtió el oficialismo, está diseñada para proteger los fondos públicos provinciales derivados de la actividad minera. Lo llamativo de esta disposición, que fue cuestionada por la oposición en la última sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó la modificación al contrato, es que otorga a la empresa que explota el proyecto (Minera del Altiplano- Rio Tinto) la facultad de suspender pagos ante indicios de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. La adenda, presentada por el oficialismo, además de unificar el fideicomiso Salar del Hombre Muerto en el Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, introduce mecanismos de control sobre el uso de los recursos.
Según se explicó por parte del oficialismo en la sesión de Diputados, es que la cláusula anticorrupción faculta a Minera del Altiplano a suspender los pagos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras ante tres escenarios: si los fondos se usan para fines distintos a los previstos en la Ley 5642; si surgen pruebas de uso en beneficio personal de funcionarios o actores políticos; o si existe investigación legal por incumplimiento de normas anticorrupción.
El mecanismo establece 60 días para que la Provincia regularice la situación. Si no se resuelve, la empresa queda liberada de realizar aportes, eliminando cualquier obligación de transferir fondos que pudieran ser objeto de desvíos.
Durante la sesión donde se aprobó la adenda, el diputado Juan Pablo Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas y miembro del bloque oficialista del Frente de Todos, fundamentó el proyecto destacando sus principales aspectos.
"Se incorpora una cláusula de anticorrupción clara, concreta y operativa", afirmó Sánchez al explicar que esta disposición "fortalece los mecanismos de control y transparencia, habilitando a la empresa a suspender los pagos ante indicios de uso indebido de fondos o de investigaciones por corrupción".
Por otra parte, destacó la adenda al indicar que "mejora el contrato existente, fortalece la transparencia, moderniza la gestión de los recursos mineros y garantiza que la riqueza del litio beneficie a los catamarqueños".
El legislador subrayó que "esta propuesta no crea nuevas obligaciones ni genera cargas adicionales para la provincia. Muy por el contrario, ordena, clarifica y aumenta la capacidad del Estado de aprovechar sus recursos".
Sobre la necesidad de actualizar el contrato, Sánchez explicó que "necesitamos actualizar el destino de los aportes. No hacerlo significaría dejar vacíos legales, confusiones operativas y posibles conflictos futuros".
Respecto al presupuesto de responsabilidad social empresaria, el diputado señaló que "se fija un piso del 0,3% de las ventas para responsabilidad social empresaria. La comunidad recibe una garantía contractual de inversión. Además, se incorpora el municipio de Antofagasta de la Sierra en la planificación".
