La difusión de la información que indica que el Gobierno nacional retiene desde hace casi seis meses cinco millones de kilos de alimentos en depósitos pese al incremento notable de la pobreza y la indigencia, fue posible a partir de un pedido formal de acceso a información pública por parte del portal de noticias eldestapeweb.com.
El derecho de acceso a la información ha sido institucionalizado por ley en los últimos años, tanto a nivel nacional (en 2016) como provincial (2011). Consagra el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a los datos que le permitan monitorear el desempeño de las distintas gestiones, al tiempo que favorece la transparencia de los actos de gobiernos.
En Catamarca rige desde hace casi 13 años la Ley 5336 de Acceso a las Fuentes de Información Pública, que reglamente el artículo 11° de la Constitución provincial de 1988, que consagra “el libre acceso a las fuentes de información”. La norma, en su artículo 3°, establece que toda persona física o jurídica, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de forma completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano o ente perteneciente a los Poderes del Estado Provincial o Municipal, Tribunal de Cuentas, a la Administración Pública Provincial o Municipal centralizada o descentralizada, y empresas privadas con participación estatal o que tienen la concesión de servicios públicos.
A nivel nacional está vigente desde hace ocho años la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, que tiene como propósito que los ciudadanos accedan a la información presupuestaria y de administración de los recursos públicos. Ese derecho permite, a su vez, el ejercicio de otros, como el derecho a la salud, la educación, el acceso a la Justicia, etc.
La norma consigna que se puede pedir información relacionada con programas, decisiones, acciones y todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados por la ley. Están obligados a brindar información la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, las instituciones de la seguridad social, las empresas y sociedad del Estado nacional o de las que el Estado nacional forme parte, el Banco Central, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan dado fondos públicos, entre otros organismos e instituciones.
El acceso a la información pública empodera al ciudadano, que si conoce cómo está funcionando el Estado está en mejores condiciones de opinar, avalar, cuestionar o incluso denunciar las falencias de la gestión gubernamental.
Con el control de ciudadanos informados, los gobiernos tienden a ser más eficientes y, si cometen mala praxis, irregularidades o directamente actos de corrupción, están más expuestos a rendir cuentas política y judicialmente. De modo que este derecho permite afianzar la legitimidad del sistema democrático y dar sustentabilidad a las políticas públicas.n